La Auditoría General de Asuntos Internos activó el protocolo previsto para estos casos y apartó del uso de armamento reglamentario al comisario Ricardo Núñez. La denuncia quedó radicada en un juzgado de familia de Moreno-General Rodríguez.
El Ministerio de Seguridad bonaerense avanzó con medidas preventivas contra el jefe del Comando de Patrullas de Morón, Ricardo Núñez, luego de una denuncia por violencia de género presentada en su contra. La Auditoría General de Asuntos Internos dispuso el retiro de su arma reglamentaria mientras la Justicia analiza el caso.
La presentación judicial ingresó el 2 de mayo en el Juzgado de Familia N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. El expediente permaneció bajo reserva debido a que se trató de una denuncia vinculada a un presunto delito de acción privada y con el objetivo de preservar a la denunciante y a posibles menores involucrados.
En paralelo, las autoridades policiales definieron cambios dentro de la estructura del Comando de Patrullas. El comisario Oscar Donatti quedó al frente del área de manera interina hasta que se resuelva la situación de Núñez. El funcionario denunciado tomó vacaciones y continuará bajo disponibilidad de la fuerza una vez que retorne a sus funciones, ya que todavía conserva estado policial.
Dentro de las medidas adoptadas por Asuntos Internos también apareció una recomendación concreta: al no contar con autorización para portar el arma reglamentaria, Núñez tampoco debería utilizar uniforme durante este período.
El procedimiento aplicado surgió del protocolo provincial para situaciones de violencia de género y violencia familiar dentro de las fuerzas de seguridad bonaerenses. La resolución 581/2021 estableció mecanismos de prevención y seguimiento para agentes denunciados en este tipo de hechos.
La normativa indicó que el personal imputado puede quedar desarmado entre uno y tres meses, con posibilidad de extender la medida hasta seis meses. Durante ese lapso, el efectivo mantiene estado policial y puede conservar determinadas funciones administrativas.
El protocolo definió como violencia de género a “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal”.
En los últimos días otro episodio similar golpeó a la Policía Bonaerense. El comisario general Gastón Ghe quedó desplazado de su cargo después de una denuncia presentada por una mujer policía con la que mantenía una relación de pareja.
Según trascendió en la investigación, la denunciante aseguró que Ghe la amenazó de muerte y luego advirtió que pensaba suicidarse. El episodio ocurrió frente a la vivienda de la agente, en la localidad de El Pato, partido de Berazategui.
La Justicia también investigó el hallazgo de un bolso con dinero que el jefe policial llevaba consigo al momento del hecho. De acuerdo con la denuncia, Ghe llegó al lugar bajo efectos del alcohol. La Fiscalía N° 6 de Berazategui abrió una causa por amenazas y lesiones. Tras la difusión del caso, la cúpula policial resolvió apartarlo de sus funciones.
