El conflicto por el programa de conexiones domiciliarias de gas en Magdalena ha llegado a un punto extremo.

Pero si esta realidad logró salir a la luz, no fue por una reacción espontánea del Estado, sino porque desde septiembre de 2025 la concejal Mirna Gurina viene llevando adelante un trabajo sostenido que combinó pedido de informes, relevamiento directo con vecinos y acciones institucionales para exigir respuestas.

En aquel momento, cuando el tema recién comenzaba a asomar, presentó un proyecto solicitando precisiones sobre la ejecución del convenio firmado entre el Municipio, el Sindicato de Gas y la empresa Solobra Ingeniería.

La respuesta no fue información: fue silencio. Y más que eso, intentos concretos de frenar el tratamiento del expediente dentro del propio Concejo Deliberante.

Lejos de retroceder, Gurina profundizó su intervención. Recorrió casos, habló con vecinos y reconstruyó una matriz que se repetía: pagos anticipados que rondaban entre $700.000 y más de $1.000.000, contactos informales, promesas de inicio “en breve” y obras que nunca llegaban. En muchos casos, ni siquiera hubo visitas técnicas. En otros, apenas se colocaron materiales sin posibilidad de habilitar el servicio.

El relevamiento permitió dimensionar la magnitud del problema: alrededor de 46 familias afectadas y una cifra cercana a los 40 millones de pesos cuyo destino hoy genera serias dudas.

A esto se suman irregularidades difíciles de justificar: transferencias realizadas a cuentas ajenas al rubro, pagos en efectivo dentro de dependencias municipales y documentación con inconsistencias. Un entramado que, lejos de despejar dudas, profundiza la incertidumbre.

Mientras tanto, la respuesta oficial fue, durante meses, prácticamente inexistente. Incluso cuando el tema llegó al recinto, hubo intentos de archivarlo sin tratamiento, en una decisión que fue cuestionada por no corresponder a las facultades de la comisión interviniente.

En ese contexto, la concejal dio un paso más. El 19 de diciembre formalizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo, trasladando el reclamo a una instancia externa ante la falta de respuestas locales. Y recientemente, logró que el Concejo apruebe un proyecto que exige al Ejecutivo avanzar de manera urgente con una denuncia judicial.

Recién entonces comenzaron a aparecer señales de reacción. El oficialismo reconoció en el recinto las “promesas incumplidas” y acompañó el pedido de informes. También se deslizó la posibilidad de acciones legales por parte del intendente, en lo que aparece como un cambio de postura frente a un problema que durante meses no tuvo abordaje efectivo.

Sin embargo, la realidad de los vecinos sigue siendo la misma: ya atravesaron un invierno sin gas y enfrentan otro en iguales condiciones. Familias que confiaron en un programa promovido desde el Estado, que invirtieron ahorros —muchas veces el sueldo entero— y que hoy no tienen ni el servicio ni respuestas claras sobre qué pasó con su dinero.

El trabajo sostenido de Gurina permitió visibilizar el conflicto e incomodar en un asunto complejo, poner en agenda lo que se intentó archivar. Pero, sobre todo, sostener el reclamo de quienes siguen esperando.