En el nuestro conocemos lamentablemente muy bien esta problemática: tan solo cuatro jurisdicciones -Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe-, sobre un total de veinticuatro, generan no menos de tres cuartas partes de la producción total nacional; y tan solo ocho son las jurisdicciones que superan el ingreso per cápita medio nacional.

En la configuración de esta realidad juegan desde ya innumerables factores, como ser históricos, culturales, malas políticas públicas, etc., sobre los cuales debemos trabajar fuertemente, si pretendemos revertir el proceso.

Entre las malas políticas se destaca, particularmente, la vinculada a nuestro sistema de transporte, de enorme impacto sobre la sustentabilidad de nuestras economías regionales.

Junto con las restricciones energéticas, el costo de la logística se encuentra entre las principales limitaciones en materia de competitividad para nuestra economía, particularmente, para aquellas regiones más marginales de producción, que literalmente quedan fuera de competencia.

Necesitamos profundizar políticas en orden a fortalecer el desarrollo integral de nuestro país, un desarrollo equilibrado y sustentable sobre todo nuestro territorio, que evite que millones de compatriotas se vean forzados a abandonar sus lugares de origen o aquellos donde deseen realizar sus vidas para amontonarse en patéticos bolsones de pobreza alrededor de los grandes centros urbanos. Hay que agrandar el país.

Y el plano fiscal cobra aquí una enorme relevancia. Definitivamente debemos ir hacia un esquema más integral, transparente y justo para la distribución de los recursos fiscales entre los tres niveles de gobierno, institucionalizando fondos estructurales de convergencia en orden a atenuar –y a su tiempo, procurar eliminar- las fuertes asimetrías regionales que limitan nuestro desarrollo.
Debemos reemplazar progresivamente la obsoleta Ley Nº 23.548, que rige "transitoriamente" desde 1988, de manera gradual, progresiva, fiscalmente responsable, con metas objetivas, quizás a lo largo una década, comprometiendo varias administraciones, no de un dia para el otro.

Debemos quebrar el perverso statu quo fiscal que se ha consolidado en nuestro país durante los últimos años, un esquema fiscal centralista, de corte pseudo-federal, con un gobierno central voraz, que progresivamente se ha ido apropiando de recursos que legítimamente corresponden al conjunto de las provincias y sus municipios, subvirtiendo la esencia de nuestro sistema federal.

Este cuadro de situación limita significativamente el legítimo margen de maniobra de provincias y municipios para fijar de manera autónoma sus propias políticas y programas de desarrollo local.
La creciente concentración de recursos ha ido progresivamente desfinanciando a las administraciones provinciales y municipales, sobre las cuales recae fundamentalmente la responsabilidad primaria de gasto, colocandolas en un contexto de extrema vulnerabilidad financiera, y a gobernadores e intendentes como rehenes, obligados a ceder ante el inexorable rigor de la "caja", alineándose con el poder central para no quedar desfinanciados, contrariando, muchas veces, los intereses de sus representados.

Nuestro federalismo necesita de auténticos gobernadores que representen los intereses de sus provincias, no delegados del Gobierno Nacional.

Queda claro que el problema no es cuánto se recauda, pues de hecho se viene recaudando como nunca, sino cómo se distribuye aquello que se recauda; si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad de dar respuesta inmediata a los principales flagelos que hoy azotan a nuestra ciudadania, como la inseguridad, pobreza, falta de salud, de educación y de justicia.

De esta forma se materializa el federalismo. Caso contrario éste deviene en un concepto abstracto, un postulado constitucional anacrónico, vacío de todo contenido.

Debemos por tanto replantear urgentemente la relación fiscal entre las diferentes jurisdicciones, de una manera seria, madura, responsable, y compatible con un nuevo modelo de desarrollo nacional, que integre a todas las regiones, y permita que millones de argentinos sumidos en la probreza extrema recuperen su dignidad.