Dos jueces de San Isidro fueron blanco de una sofisticada estafa telefónica organizada desde el interior de una cárcel bonaerense. La investigación apunta a tres internos de la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena, quienes operaban un verdadero “call center” delictivo para engañar a sus víctimas.

El caso salió a la luz tras la denuncia del juez Luis Cayetano Cayuela, quien el 19 de febrero recibió un llamado de una persona que simulaba ser empleado del correo Andreani. Bajo ese ardid, el estafador logró que el magistrado le facilitara un código de verificación, lo que permitió tomar el control de su cuenta de WhatsApp. Desde allí, el delincuente comenzó a pedir dinero a sus contactos haciéndose pasar por la víctima.

Días después, el juez Juan Eduardo Stepaniuc recibió un llamado con la misma modalidad. Sin embargo, en su caso, logró evitar la estafa luego de ser alertado por un colega, lo que le permitió cortar la maniobra a tiempo.

La investigación, llevada adelante por la DDI y la UFEIC de Zona Norte, determinó que los autores realizaban múltiples llamados diarios utilizando distintas fachadas: falsas gestiones de Andreani, supuestos contactos de Movistar o incluso un inexistente soporte técnico de WhatsApp. El objetivo siempre era el mismo: obtener códigos de seguridad para acceder a cuentas personales y luego solicitar transferencias de dinero.

Las tareas de inteligencia, que incluyeron análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, permitieron ubicar el origen de las llamadas en el pabellón 7, celda 3, de la cárcel de Magdalena. Allí, los propios internos denominaban su actividad como un “call center carcelario”.

Durante un allanamiento en el lugar, las autoridades secuestraron seis teléfonos celulares, cargadores y tarjetas SIM. Además, identificaron como líder de la organización a Gabriel Giménez, junto a sus cómplices Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.

Giménez cuenta con antecedentes penales y condenas por robos agravados con el uso de armas de fuego, lo que agrava aún más su situación judicial.

La causa quedó en manos de la UFI de Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. El caso vuelve a poner en foco las fallas en los controles dentro de las unidades penitenciarias y el uso ilegal de teléfonos celulares por parte de internos para cometer delitos desde prisión.