El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno resolvió declarar la emergencia presupuestaria y salarial en la institución. La decisión se tomó por unanimidad y expuso la preocupación por la caída de los recursos asignados. Además, las autoridades insistieron en el reclamo para que el Gobierno nacional respete la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada por el Congreso en octubre de 2025.

El análisis interno mostró un dato central: la partida asignada resultó un 15% menor a la solicitada ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Este recorte impactó de forma directa en el funcionamiento general de la casa de estudios.

Desde la universidad señalaron que el problema no es nuevo. “Esta situación agrava la problemática que viene atravesando la Universidad desde 2024. Por ejemplo, durante 2025 los gastos de funcionamiento pagados fueron un 36% superior al total transferido por el Gobierno nacional, lo que implicó que la UNM tuviera que afrontar esa diferencia sacrificando otras funciones y actividades de suma importancia”, indicaron.

El desfasaje financiero se profundizó en los últimos años. Según precisaron, la institución recibió cerca de un 50% menos de los fondos previstos en dos años, en un contexto de fuerte aumento de costos. Entre ellos, el gasto en servicios básicos como la electricidad se multiplicó varias veces y presionó aún más sobre el presupuesto.

A este escenario se sumó el deterioro de los ingresos del personal. Los salarios docentes y nodocentes registraron una pérdida real cercana al 50% desde diciembre de 2023, producto de la inflación y la falta de actualizaciones acordes. La situación alcanzó niveles críticos: un docente que inicia su carrera con dedicación simple cobra hoy por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que desde la institución calificaron como “resulta incompatible con la responsabilidad que implica el ejercicio de su profesión”.

El impacto también llegó a los estudiantes. Las autoridades advirtieron que las becas vigentes quedaron desactualizadas y remarcaron que sus montos “resultan insuficientes para actuar como instrumento de inclusión educativa”.

En paralelo, la universidad alertó sobre las consecuencias en su desarrollo académico. “La situación presupuestaria aquí descripta también afecta la provisión de los fondos imprescindibles para que la infraestructura de la Universidad acompañe la expansión de la oferta educativa en todos sus niveles, así como el fuerte ajuste de los fondos destinados al desarrollo de los proyectos de Investigación, en Ciencia y Tecnología y de Extensión Universitaria”, completaron.

El cuadro general dejó a la institución en un escenario crítico. La falta de financiamiento, la caída salarial y el freno a la expansión académica conformaron el núcleo de un reclamo que volvió a poner en tensión la relación entre las universidades públicas y el Gobierno nacional.