La administración de Javier Milei logró cerrar las sesiones extraordinarias con varias leyes aprobadas y un clima de festejo dentro del oficialismo. Ese resultado le permite al Presidente proyectar un 2026 cargado de iniciativas legislativas. Sin embargo, los triunfos parlamentarios no alcanzaron para apagar las tensiones internas que atraviesan al Gobierno desde el inicio de la gestión y que, periódicamente, vuelven a complicar el funcionamiento del equipo libertario.

En el centro de esas disputas aparecen los nombres que desde hace meses dominan la dinámica del poder libertario. Por un lado, Karina Milei; por el otro, Santiago Caputo. Ambos mantienen una competencia constante por espacios de influencia dentro del oficialismo, una puja que se replica en cada decisión política y administrativa. Desde diciembre, esas diferencias se expresan con mayor frecuencia en la mesa política que se reúne en la Casa Rosada.

El círculo cercano de Karina Milei, conocida como “El Jefe” dentro del espacio, se apoya principalmente en Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli. A ese esquema se sumó como actor con peso propio Patricia Bullrich, actual jefa del bloque libertario en el Senado, cuya autonomía para manejar la agenda parlamentaria suele incomodar a la conducción original de La Libertad Avanza.

Tanto Bullrich como Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuentan con acceso directo al Presidente y pueden resolver cuestiones sin pasar por los filtros de Karina Milei ni de Santiago Caputo. Esa independencia genera tensiones, aunque los dos vértices del denominado “triángulo de hierro” suelen dejar de lado sus diferencias cuando perciben intentos de ser desplazados de la toma de decisiones.

Un ejemplo reciente fue el debate sobre la reforma laboral. En ese episodio, y con el PRO como aliado circunstancial, las presiones internas terminaron retrasando la sanción de la ley y derivaron en la eliminación de un artículo que proponía modificar el esquema de licencias médicas. El episodio también confirmó que el manejo de la presión mediática continúa en manos del sector vinculado a Santiago Caputo.

Los movimientos dentro del Gabinete también expusieron esas tensiones. La salida anunciada de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y su reemplazo por Juan Bautista Mahiques, junto con otros cambios en evaluación, reflejaron un reacomodamiento interno. A ello se sumaron dificultades legislativas —como las que rodearon el tratamiento de la ley de glaciares— y discusiones públicas, incluso por cuestiones simbólicas como la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que evidenciaron la fragilidad del equilibrio político dentro del oficialismo.

Quienes conocen el funcionamiento interno del Gobierno sostienen que Javier Milei muchas veces se entera tarde de estas disputas y que sus reacciones suelen ser ambiguas. Un episodio citado con frecuencia en el mundo libertario remite al fallido tratamiento de la Ley Bases en 2024, cuando Martín Menem responsabilizó a Santiago Caputo por haber impulsado una sesión sin los consensos necesarios, lo que terminó con la retirada del proyecto del recinto.

Según esa versión, el cruce se produjo en una reunión en la Casa Rosada. Menem cuestionó con dureza la estrategia del asesor presidencial, que no respondió en ese momento. Más tarde, cuando Milei tomó conocimiento del episodio, habría minimizado la situación, aunque el vínculo interno nunca volvió a ser el mismo.

Ese antecedente explica parte de lo sucedido ahora en el área de Justicia. Desde el entorno de Karina Milei y los Menem impulsaron cambios para restarle influencia a Caputo, sobre todo tras otro revés político significativo: el rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

Aquella votación, realizada el 3 de abril de 2025, marcó un hecho inédito: por primera vez la Cámara alta rechazó formalmente candidatos propuestos por un gobierno para el máximo tribunal. En general, ese tipo de nominaciones llegan al recinto con los acuerdos necesarios para obtener los dos tercios requeridos.

El fracaso dejó debilitado a Santiago Caputo en su rol de operador judicial. Bajo su órbita se encontraba el entonces viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien finalmente fue desplazado del cargo y trasladado a la Procuración del Tesoro. El funcionario se enteró de la decisión mientras participaba de una sesión del Consejo de la Magistratura.

Las estrategias impulsadas por Amerio para avanzar con el sistema acusatorio —que otorga mayor protagonismo a los fiscales— generaron tensiones dentro de Comodoro Py, un ámbito donde confluyen intereses políticos, judiciales y empresariales. Incluso en sectores del kirchnerismo observaron con interés algunos de esos movimientos.

Las diferencias internas también afectaron al propio Mariano Cúneo Libarona, quien atravesó varios conflictos con sectores de la Justicia. Desde la oposición interpretaron esas dificultades como parte de una serie de ajustes de cuentas dentro del sistema judicial.

En este contexto, el nombramiento de Juan Bautista Mahiques respondió a la intención de fortalecer los vínculos con los tribunales federales. En paralelo, el nuevo esquema incluye la participación de Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, quien tendrá un rol clave en el envío al Senado de los pliegos para cubrir cerca de 300 vacantes en la justicia federal.

A diferencia de los cargos en la Corte Suprema, que requieren dos tercios de los votos, los nombramientos en tribunales inferiores se aprueban con mayoría simple, un número más accesible para el oficialismo. Por eso Eduardo “Lule” Menem busca aprovechar esa instancia para reforzar acuerdos políticos con las provincias.

En el Senado, la comisión de Acuerdos quedó bajo la presidencia del riojano Juan Carlos Pagotto, aliado cercano de los Menem. Desde ese lugar puede acelerar o frenar el tratamiento de los pliegos judiciales. Patricia Bullrich había mostrado interés en presidir esa comisión, pero finalmente Karina Milei bloqueó esa posibilidad.

La ministra de Seguridad también quedó en el centro de críticas internas por el manejo del debate sobre la reforma de la ley de glaciares. En ese contexto, Santiago Caputo utilizó el área jurídica del Gobierno —encabezada por María Ibarzabal Murphy— para intervenir en la discusión legislativa.

La funcionaria pasó varios días en la Cámara de Diputados buscando evitar errores jurídicos que, según su diagnóstico, se habían cometido durante el debate en el Senado. El objetivo es que la eventual reforma no sea modificada en Diputados y evitar así un nuevo giro del proyecto entre ambas cámaras.

Durante la discusión en la Cámara alta se produjeron declaraciones polémicas, como la del senador rionegrino Enzo Fullone, quien definió a los glaciares como “rocas congeladas que no sirven para nada”.

El tratamiento legislativo también enfrenta cuestionamientos procedimentales. Algunos sectores de la oposición consideran que la votación podría ser objetada judicialmente porque se realizó antes de la audiencia pública ambiental obligatoria, que recién se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo.

Mientras tanto, el frente judicial del Gobierno también incluye cambios en la Procuración del Tesoro, donde Sebastián Amerio reemplazó a Santiago Castro Videla tras un fallo que obligó al Ejecutivo a reglamentar la ley de emergencia en discapacidad.

Ese episodio derivó en otra polémica dentro del Gabinete, esta vez vinculada al ministro de Salud, Mario Lugones, quien debió implementar la normativa y posteriormente avanzó con un plan de reducción de gastos en el área.

Las decisiones en materia de prestaciones para personas con discapacidad generaron protestas frente al Ministerio de Salud y críticas dentro del propio oficialismo. En el Congreso, algunos legisladores opositores comenzaron a revisar las actuaciones del entorno del ministro, incluyendo a su colaborador Guido Gianna.

Mientras estas tensiones se desarrollan, la agenda legislativa avanza con lentitud. Los viajes de Javier Milei a Estados Unidos y Chile demoraron la presentación de nuevos proyectos, y en el Senado se espera la convocatoria a una sesión que aún no tiene fecha para tratar convenios internacionales y comenzar a analizar los primeros pliegos judiciales.

En la Casa Rosada, sin embargo, existen prioridades claras. Una de ellas es la reforma política que busca modificar el sistema electoral, con el objetivo de garantizar que en 2027 no se celebren PASO. Karina Milei también impulsa acuerdos con gobernadores para unificar los calendarios electorales provinciales con la elección nacional y generalizar el uso de la boleta única.

Otro proyecto clave es la reforma de la ley de inteligencia, destinada a respaldar el decreto firmado por Javier Milei a fines del año pasado. En ese esquema, el vínculo con Estados Unidos e Israel aparece como un elemento central dentro de la estrategia de seguridad e inteligencia del Gobierno.