El Comité de la Liga Profesional confirmó este martes la continuidad de la medida de fuerza prevista para este fin de semana, tras reunirse al mediodía en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En el encuentro participaron los 30 representantes de los clubes de Primera División, quienes ratificaron el paro en respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la embestida del Gobierno.

De esta manera, la 9ª fecha del Torneo Apertura 2026 se disputará recién el domingo 3 de mayo. La reprogramación obligó a modificar el calendario de los playoffs: los octavos de final se jugarán el 10 de mayo, los cuartos el miércoles 13, las semifinales el domingo 17 y la final el 24.

La decisión había sido votada de manera unánime la semana pasada, en repudio a la causa judicial que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de 19 mil millones de pesos, vinculados a retenciones impositivas y de seguridad social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Boca y Estudiantes fueron los únicos clubes ausentes en aquel cónclave.

La AFA, en su defensa, sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” con la Agencia de Recaudación y cuestionó la decisión judicial de citar a sus autoridades a declaración indagatoria. Además, rechazó la designación de veedores anunciada por el Ministerio de Justicia para fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas.

En un comunicado, la entidad presidida por Claudio Tapia calificó la medida como “ilegítima” y anticipó presentaciones judiciales para que sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, remarcó.

La casa madre del fútbol argentino también señaló contradicciones en el accionar de la IGJ, que definió la veeduría como una “mera medida preparatoria” pero al mismo tiempo habló de “graves irregularidades”. “Si fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones. Pero no lo hace”, subrayó.

Finalmente, la AFA denunció que la medida busca imponer el modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) debilitando a los clubes sociales. “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA”, concluyó.