Mientras termina de ajustar el discurso con el que abrirá las sesiones ordinarias en la Legislatura, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó el decreto 83 que pone en marcha un Régimen de Retiro Voluntario para trabajadores de planta permanente del Gobierno de la Ciudad.

La medida, firmada también por el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, habilita el pago de una compensación no remunerativa para quienes decidan dejar la administración pública porteña.

El monto se calculará sobre la remuneración neta, mensual, normal y habitual percibida al momento de la baja y se abonará en cuotas mensuales y consecutivas por un plazo máximo de hasta 48 meses. En ese cálculo quedarán excluidos el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y cualquier concepto de frecuencia no mensual.

El plan, que estará abierto hasta el 31 de mayo, está dirigido a empleados de la Carrera de Administración Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, establece condiciones específicas: podrán adherirse quienes tengan 45 años o más, acrediten al menos cinco años de antigüedad y registren un mínimo de un año como personal de planta permanente.

Desde el Ejecutivo porteño explicaron que el propósito es «ordenar el funcionamiento del Estado» y “optimizar la dotación” de trabajadores, adaptando la estructura a las demandas actuales. En paralelo a la reducción, señalaron que continuarán incorporando perfiles profesionales vinculados a la tecnología. “Es lo que necesitamos por el contexto y por el tipo de Estado al que apuntamos”, afirmaron fuentes oficiales.

El régimen también fija exclusiones. No podrán acceder quienes integren áreas consideradas críticas, según determine la reglamentación definitiva. Además, la administración podrá rechazar solicitudes por “razones de servicio, causales de naturaleza disciplinaria u otras que hagan aconsejable adoptar tal temperamento”.

Tampoco estarán habilitados los trabajadores que al 31 de diciembre de 2026 tengan 65 años o más y reúnan los requisitos para jubilarse, ni aquellos con sumarios administrativos por faltas que pudieran derivar en sanciones expulsivas o que hayan iniciado reclamos o demandas judiciales contra el Gobierno porteño.

La apertura de los retiros voluntarios se inscribe en un ajuste más amplio que, hasta el momento, implicó la eliminación de más de 10 mil contratos de asesores y cargos políticos, además de la supresión de áreas, direcciones y secretarías. Con esta nueva etapa, la gestión de Macri busca avanzar en un rediseño del Estado porteño con menor estructura y mayor impronta tecnológica.