El Consejo Superior, junto a gremios docentes, nodocentes y centros de estudiantes, declaró la emergencia salarial y presupuestaria y exigió el cumplimiento de la Ley 27.795 para recomponer salarios, actualizar becas y garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.
Universidad Nacional de José C. Paz exigió al Gobierno nacional la plena aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y la urgente convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y nodocente, en el marco de un escenario que calificó como “emergencia salarial y presupuestaria”.
La declaración fue aprobada por el Consejo Superior en conjunto con el Frente Gremial de la universidad —integrado por los sindicatos docentes y nodocentes— y los centros de estudiantes de todos los departamentos académicos. En el documento, las autoridades y la comunidad educativa reclaman que se cumpla con la norma sancionada en 2025, que dispone la inmediata reapertura de negociaciones salariales y la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico-tecnológico y el monto de las becas estudiantiles.
Deterioro salarial y ajuste presupuestario
Desde la UNPAZ señalaron que el deterioro del poder adquisitivo de los salarios se profundizó por efecto de la inflación y la ausencia de recomposiciones acordes. Según datos citados en el comunicado (fuente: CIEN), entre 2023 y 2025 el presupuesto destinado a la educación superior cayó un 28,9% en términos reales, y el 86,1% de ese ajuste impactó directamente en salarios docentes y nodocentes.
“La pérdida acumulada afecta de manera directa las condiciones de vida de quienes sostienen el funcionamiento académico, de investigación, administrativo y comunitario de la universidad”, advirtieron.
Becas congeladas y desigualdad
El Consejo Superior también alertó sobre la situación de las becas estudiantiles. Los montos de los programas Progresar y Manuel Belgrano permanecen congelados desde 2024. En el caso de Progresar, indicaron que se redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios y un 46,5% el poder adquisitivo.
La situación resulta especialmente crítica para la UNPAZ, donde el 88,9% de los estudiantes son primera generación de universitarios y provienen de familias de bajos ingresos. “La actualización de las becas es fundamental para evitar la profundización de la desigualdad educativa”, remarcaron.
Infraestructura paralizada
Otro de los puntos señalados en la declaración es la paralización de obras de infraestructura clave para el desarrollo institucional. Proyectos edilicios planificados o en ejecución se encuentran detenidos, lo que —según la universidad— deteriora las condiciones materiales en las que se desarrollan las actividades de enseñanza, investigación, extensión y gestión.
Reclamo por cumplimiento de la ley
La UNPAZ subrayó que el incumplimiento de la Ley 27.795 persiste incluso frente a una medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que ordenó su inmediata aplicación. En ese sentido, consideraron que la falta de implementación configura una vulneración de derechos laborales y una desobediencia a una resolución judicial.
Finalmente, el Consejo Superior declaró la emergencia salarial y presupuestaria y exigió que se respete la voluntad legislativa expresada en la sanción de la norma. “El sostenimiento del sistema universitario público es un mandato democrático y un derecho de toda la ciudadanía”, concluye el documento.
