La Iglesia Católica y organizaciones sociales lanzaron una enérgica advertencia contra el ajuste en las obras de infraestructura en asentamientos y villas de emergencia, tras el anuncio del cierre de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SSISU), el área encargada de planificar proyectos en barrios populares.

Bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”, referentes comunitarios y religiosos alertaron por la parálisis de la SSISU y la no renovación de contratos a 300 empleados. Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, señaló: “Estamos hablando de cosas básicas, de que queremos atender la pobreza. En una pobreza multidimensional, uno puede tener un mayor ingreso por la AUH o la Tarjeta Alimentar, pero si no tenés el agua potable, un centro de salud cerca, o cloacas, es muy difícil vivir”.

Carrara recordó que el ajuste comenzó con la disolución del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Aunque el Ejecutivo cuestionó su funcionamiento, el propio funcionario Sebastián Pareja reconoció que “no había encontrado corrupción en las obras, sino todo lo contrario. Eran fondos auditados por universidades y organismos internacionales”.

La Mesa Nacional de Barrios Populares reunió a referentes como Juan Maquieyra, director de TECHO; Fernanda García Monticelli, exsubsecretaria de Gestión de Tierras; y Lila Calderón, del Barrio Obrero de Cipolletti. Allí se expuso que más de 700 obras quedaron paralizadas y que el programa Mi Pieza, destinado a mejoras habitacionales, fue interrumpido. Calderón advirtió: “Los vecinos recurrieron a conexiones eléctricas precarias, con riesgos fatales, incendios e inundaciones. Más de 11.000 mujeres quedaron afectadas por la suspensión del apoyo estatal”.

La política de integración sociourbana, establecida en 2016 y consolidada en 2018 con la Ley 27.453, había alcanzado a 1.237.795 familias en 6.467 barrios vulnerables, según el ReNaBaP. García Monticelli subrayó: “El cierre actual de la SSISU no desmantela una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política. Son los relevadores, los que están en territorio y quienes defienden ante desalojos”.

Por su parte, Maquieyra interpeló: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir 11 años menos?”.

La Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que obligan al Estado a garantizar la continuidad de la política y suspenden la disolución del FISU. Sin embargo, los recortes avanzan. Ayer, la UTEP y movimientos sociales protestaron en Plaza de Mayo, montando un barrio de emergencia simbólico frente a la Casa Rosada para visibilizar el reclamo.

En palabras de Carrara: “Estamos hablando de 2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en esos barrios. Cuando el Estado se retira abruptamente, va entrando el narcotráfico con todo lo que eso implica”.