La Casa Rosada busca aprobar el proyecto antes de que finalicen las sesiones extraordinarias, mientras aliados como el PRO reclaman cambios en el texto.
El Gobierno nacional intenta darle velocidad al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La intención oficial es que la iniciativa quede sancionada antes del 28 de marzo, cuando concluye el período de extraordinarias prorrogado por el presidente Javier Milei.
El oficialismo planea encabezar un plenario de comisiones el próximo miércoles para firmar dictamen ese mismo día y así contar con diez jornadas para llevar el proyecto al recinto. Sin embargo, el panorama se complejiza porque sectores dialoguistas y aliados presionan para introducir modificaciones, lo que obligaría a que el texto vuelva al Senado, una alternativa que La Libertad Avanza busca evitar.
Días atrás, la bancada violeta intentó convocar a comisiones para acelerar el debate incluso antes del 1° de marzo, pero la movida encontró resistencia por la coincidencia con los feriados de Carnaval. «No podemos obligar a los socios a que estén, algunos incluso de los nuestros tienen compromisos», admitieron desde el espacio oficialista.
La postura del Gobierno es tajante. «Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta», afirmó la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, al recordar que la iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos en la Cámara Alta.
Pese a ese respaldo, el malestar de algunos aliados se hace sentir, especialmente en el PRO. Desde ese espacio reclaman que se reincorpore la posibilidad de utilizar billeteras virtuales para el pago de salarios. «Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir”, adelantaron.
Así, mientras el oficialismo apuesta a blindar el texto y acelerar su aprobación, la negociación con los socios se convierte en un factor clave. El margen es estrecho y cualquier modificación podría demorar una reforma que el Gobierno considera prioritaria.
