Tras los disturbios registrados en el Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno anunció que avanzará con una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos de violencia. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que «fue un acto de terrorismo».

La funcionaria explicó que la presentación se realizará en el fuero federal y que el Ejecutivo está reuniendo pruebas para encuadrar los hechos bajo la figura prevista en la legislación vigente. En ese sentido, remarcó que la utilización de elementos incendiarios y objetos contundentes modifican la calificación penal habitual.

«Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar», expresó Monteoliva, al describir el escenario que, según indicó, excedió el marco de una manifestación tradicional. Y agregó: «Fue un acto de terrorismo».

En declaraciones a radio Mitre, la ministra profundizó su postura: «Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos». Según afirmó, el objetivo no habría sido únicamente atacar a las fuerzas de seguridad, sino alterar el funcionamiento institucional.

De concretarse la imputación bajo la Ley Antiterrorista (N° 26.734), el caso pasará a tener un encuadre mucho más severo que el de daños o atentado contra la autoridad, figuras que suelen aplicarse en este tipo de episodios. La normativa contempla agravantes cuando los delitos se cometen con la finalidad de infundir terror en la población o forzar decisiones de las autoridades públicas.

La calificación como terrorismo implicaría investigación federal, eventuales detenciones sin excarcelación inmediata y penas significativamente más elevadas. De esta manera, el Gobierno apuesta a un endurecimiento penal frente a los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso.