El Gobierno dio un paso decisivo en su estrategia de retiro del Estado del mercado energético. Este lunes convocó a una licitación pública nacional e internacional para transferir al sector privado la importación y comercialización del Gas Natural Licuado (GNL). La decisión implicó el fin del rol de intermediario que ejercía el Estado desde 2008 y abrió un debate sobre el costo que enfrentarán los usuarios en invierno.

La resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía dispuso la selección de un «único comercializador-agregador de carácter privado». Ese operador asumirá la importación del GNL y su venta en el mercado interno a distribuidoras y grandes usuarios industriales.

El adjudicatario firmará un contrato por un año, con opción de prórroga por otro período similar. También accederá al uso de la terminal de regasificación de Escobar, propiedad de YPF y Energía Argentina (Enarsa). Hasta ahora, Enarsa se ocupó de las compras externas de gas licuado.

Desde la Secretaría de Energía explicaron el sentido de la medida. «Este cambio se inscribe en la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de Enarsa y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento», señalaron el mes pasado. Luego agregaron: «En línea con ese objetivo, Enarsa deja de importar y comercializar GNL y el proceso pasa a estar a cargo de operadores privados, bajo un mecanismo competitivo».

En el oficialismo recordaron los casos de corrupción vinculados a las importaciones de gas en años anteriores, que derivaron en la condena del ex ministro Julio De Vido. El argumento político reforzó la decisión de trasladar la operatoria al sector privado.

No todos compartieron la mirada oficial. Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos, sostuvo que la decisión respondió a razones «ideológicas». Aun así, la consultora Paspartú destacó una posible mejora en la gestión. Señaló la «ventaja en términos comerciales de que un privado podría bajar el grado de incobrabilidad». El Estado, en muchos casos, no trasladó el costo real de importación a las tarifas finales.

El trasfondo del debate es económico. Argentina aún necesita importar gas en invierno pese al récord productivo de Vaca Muerta. Durante los meses fríos, el consumo residencial se multiplicó por cinco respecto del verano y alcanzó picos cercanos a los 100 millones de metros cúbicos diarios. Además, el sistema de transporte no cubrió toda la demanda desde las cuencas productoras hacia los grandes centros urbanos.

En 2025, Enarsa compró 27 cargamentos de GNL a empresas como BP Gas y TotalEnergies por US$ 698 millones. El precio promedio fue de US$ 12,31 por millón de BTU. En 2022, en un contexto internacional adverso, el país importó 41 cargamentos por US$ 2.885 millones, a un valor promedio de US$ 28,82.

A ese costo se sumó la regasificación, que osciló entre US$ 1,25 y US$ 1,30 por millón de BTU. El GNL ingresó en 2025 a un valor cercano a US$ 14. Sin embargo, los hogares pagaron durante el invierno un promedio de US$ 4. La diferencia se cubrió con subsidios estatales.

Allí radicó la principal incógnita del nuevo esquema. Si el privado trasladó el costo total a las facturas, las boletas de invierno reflejarán un aumento adicional. Si no lo hizo, asumirá el riesgo de incobrabilidad o plazos de pago extensos.