Con un frente común poco habitual, la CGT y tres entidades empresarias comenzaron a coordinar acciones para frenar la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El entendimiento se selló en una reunión reservada entre sus máximos referentes realizada la semana pasada y derivó en una estrategia de gestiones simultáneas ante gobernadores y bloques legislativos para debilitar el proyecto oficialista. De ese intercambio surgió la nota que difundieron por separado la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), en la que cuestionan cinco artículos de la iniciativa y que se conoció en los últimos días.

Del encuentro participaron dos de los secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo; el presidente de la CAME, Ricardo Diab; el titular de Adimra, Elio del Re; y un abogado de la CAC, en representación de la entidad ante la ausencia de Mario Grinman. La cita tuvo lugar en la sede del sindicato de empleados de la industria del vidrio (Seivara), que conduce Jerónimo, luego de que los empresarios manifestaran su interés en dialogar con la central obrera sobre el contenido de la reforma. Allí también comenzaron a evaluar la posibilidad de una foto conjunta en los días previos al inicio del debate parlamentario.

Uno de los ejes que acercó posiciones entre sindicalistas y cámaras fue la continuidad de las denominadas “cláusulas obligacionales” incluidas en los convenios colectivos, que establecen aportes extraordinarios acordados entre las partes. En el sector mercantil, ese aporte equivale al 0,5% del salario inicial de cada trabajador y se destina al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), mientras que en el caso de Adimra representa el 1% del sueldo de cada operario y sostiene su estructura. El correlato de esos fondos son las “cuotas solidarias” que muchos sindicatos perciben de empleados no afiliados, un mecanismo que para un sector de la CGT también quedaría en riesgo con la propuesta oficial.

Otro punto de coincidencia es el rechazo a la prioridad que la iniciativa libertaria busca otorgar a los acuerdos por empresa por sobre los convenios de actividad de alcance nacional. Se trata del llamado “orden de prelación”, que en el esquema vigente es una pieza central del modelo sindical argentino, con un solo gremio por actividad encargado de la negociación colectiva y con respaldo legal. Ese mismo esquema es el que también fortalece a las cámaras empresarias de representación nacional frente a entidades de menor alcance.

La sintonía entre ambas partes quedó expuesta en la reunión realizada en Seivara, donde acordaron trabajar de manera coordinada para erosionar la reforma laboral en el plano político. El documento consensuado entre las tres cámaras se hizo público —y fue difundido por este medio— luego de un encuentro que la CAME mantuvo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

Hasta ahora, el entendimiento entre empresarios y sindicatos se mantenía de manera implícita. Muchos dirigentes patronales habían respaldado algunos ejes de la reforma que el Gobierno exhibía como emblema, como la lucha contra la denominada “industria del juicio”. Sin embargo, el impacto que tendrían la eliminación de las cláusulas obligacionales y los cambios en el sistema de negociación colectiva terminó por empujarlos a abandonar una posición históricamente distante del sindicalismo, en especial dentro de las entidades mercantiles.

El primer acercamiento surgió desde el sector empresario, cuyos voceros transmitieron a la nueva conducción de la CGT la necesidad de identificar coincidencias para debilitar el proyecto oficial. También admitieron que la central obrera cuenta con mayor capacidad de presión para frenar parte de la reforma. Desde la CGT, en tanto, les sugirieron elevar el perfil político del reclamo e incluso propusieron una imagen conjunta, que por ahora sigue sin concretarse.

La nota empresaria que se dio a conocer y que impacta de lleno en los fundamentos del proyecto enumera cinco objeciones centrales. Sobre el artículo 126, señala que “limita la ultraactividad (vigencia de los acuerdos más allá del vencimiento de su plazo de vigencia hasta tanto no se renegocien) de los convenios colectivos vencidos únicamente a las cláusulas normativas y excluye las cláusulas obligacionales”, lo que —según advierte— “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva, y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”.

También cuestiona el artículo 128, que establece que “los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en las convenciones colectivas de trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales”. En esa línea, aclara que las contribuciones actualmente vigentes —como las destinadas al Inacap o a Adimra— “tampoco resultan obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos”.

Más adelante, las cámaras apuntan contra los artículos 130 y 131, que modifican el esquema de jerarquías entre los convenios colectivos. Hoy, los acuerdos firmados a nivel nacional entre sindicatos y cámaras patronales prevalecen sobre los de alcance regional, provincial o por empresa, lo que evita la fragmentación del sistema y refuerza tanto a las representaciones sindicales como empresarias de mayor nivel.

Según el documento, esas disposiciones “alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo, porque eliminarán la función ordenadora del convenio colectivo de actividad ya que le otorgan prevalencia a los convenios de ámbito menor o de empresa, aun cuando el convenio de ámbito mayor sea posterior”. Y advierte que “un esquema como el propuesto fragmentan el marco normativo de una misma actividad y habilitaría a: diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas, entre otras, afectando claramente el principio constitucional de -igual remuneración por igual tarea-. Por lo dicho y a nuestro entender, no cabe dudas que la aprobación de estos artículos traería aparejado conflictividad jurídica y social”.

Por último, el texto rechaza el artículo 132, “que faculta a la autoridad administrativa (en la actualidad, la Secretaría de Trabajo) a convocar la renegociación de convenios vencidos y a suspender (incluso de oficio) los efectos de su homologación cuando sus cláusulas se mantengan vigentes por ultraactividad, amparándose bajo el fundamento de conceptos absolutamente amplios e indeterminados”. Según las cámaras, la finalidad de ese punto “es desnaturalizar el principio de ultraactividad, otorgando una discrecionalidad excesiva al Estado, afectando la autonomía colectiva y generando un escenario de marcada inestabilidad e incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores, creando inseguridad jurídica y consecuente conflictividad”.