Cuando un legislador jura no por la Constitución Nacional, sino por un país extranjero o por la impunidad de una dirigente condenada por corrupción, produce un hecho de tal gravedad institucional que no podemos dejar simplemente en una nota de color periodístico sin el riesgo de convertirnos en cómplices de nuestra propia decadencia.

Jurar “por Palestina” o “por Cristina libre” no es una licencia retórica ni un gesto militante, es una negación explícita del deber constitucional.

El juramento es un acto de lealtad jurídica y política a la Nación Argentina; sustituirlo por causas ajenas a nuestra soberanía o por la defensa de una condena judicial implica desconocer, desde el primer minuto, el Estado de Derecho, la división de poderes y el principio mismo de legalidad.

Desde el punto de vista jurídico, el juramento no es una formalidad de la que pueda prescindirse. Es un requisito sine qua non para la asunción válida del cargo.

La Constitución Nacional y los reglamentos parlamentarios son claros, el compromiso debe ser con la Constitución y con el correcto ejercicio del mandato.

Cuando ese contenido se vacía o se reemplaza por consignas ideológicas, la pregunta resulta inevitable: ¿puede considerarse legítimamente investido quien rechaza, en el acto inaugural, la fuente de su propia autoridad?

¿Qué credibilidad democrática puede tener quien comienza su mandato violando la regla básica que lo habilita?

Aquí se cae, además, la gran falacia discursiva. Quienes se autoproclaman defensores de la democracia y los derechos humanos son, en los hechos, quienes los lesionan desde el comienzo.

No hay derechos humanos sin Constitución, sin legalidad y sin respeto a las instituciones.

Los derechos no se garantizan con consignas, ni con show político, ni jurando fidelidad a banderas extranjeras o a la impunidad de condenados; se garantizan respetando el orden constitucional que los hace exigibles.

Fuera de ese marco no hay derechos, hay relato. Y el relato, cuando suplanta a la ley, es una forma de violencia institucional.

La degradación no termina en el juramento. Inevitablemente se traslada a todo lo que sigue.

¿Qué grado de respeto, legitimidad o autoridad moral pueden reconocérseles a los proyectos de ley presentados por quienes violaron el sistema desde el primer acto de su mandato?

¿Qué valor democrático puede atribuírsele a una norma dictada por legisladores que comenzaron su mandato negando la Constitución que les dio la banca?

Cuando el origen es una ruptura deliberada del orden institucional, la duda sobre la legitimidad política, e incluso moral, de sus actos es inevitable.

Acá no hay medias tintas, no estamos ante gestos simbólicos ni rebeldías progresistas, sino ante una forma moderna de golpismo institucional.

No el golpe por la fuerza, sino el golpe silencioso que utiliza la democracia para vaciarla desde adentro.

Y frente a esta evidencia, incluso sus propios militantes deberían preguntarse: si fueron capaces de falsear el juramento constitucional para llegar al poder, ¿por qué deberíamos creer que respetarán la democracia, los derechos humanos y la ley?

Quien traiciona la Constitución al asumir, se desautoriza a sí mismo para legislar en nombre de la República.

Es hora que la ciudadanía, al menos, comience a demandar.