La discusión sobre el nuevo régimen laboral ingresó al Congreso con un peso político inusual. El Gobierno lo promocionó como un verdadero cambio de época y lo colocó en el centro de su programa económico. El texto incluyó casi doscientos artículos y modificó pilares de la ley de contrato de trabajo, además de derogar normas clave en actividades específicas. Todo esto se expuso como un intento de “modernización”, aunque varias voces calificaron la iniciativa como una flexibilización profunda.

El proyecto reorganizó el esquema de despidos. Introdujo un tope indemnizatorio y creó un Fondo de Asistencia Laboral con un aporte del 3% del salario. Ese dinero ya no reforzó el sistema previsional, sino que se orientó a cubrir ceses laborales. La referencia generó comentarios en el ámbito político y empresarial. En un seminario privado, Patricia Bullrich reaccionó con ironía y comentó: “FAL es un poco violento”. La discusión se extendió porque distintos especialistas recordaron el antecedente de las AFJP y las pérdidas ocasionadas por comisiones y malas inversiones.

El Gobierno también impulsó cambios en la negociación colectiva. Dio prioridad a los acuerdos de menor alcance y limitó la ultraactividad. Las empresas ganaron margen para negociar condiciones propias y para reorganizar jornadas con bancos de horas y esquemas parciales. En paralelo, la ampliación de sumas no remunerativas redujo la base de cálculo para aportes e indemnizaciones. Para los analistas consultados, esto afectó la seguridad social y debilitó la protección ante la pérdida del empleo.

La iniciativa incluyó un capítulo sensible: la regulación de huelgas. El texto fijó niveles mínimos de actividad en sectores considerados esenciales y en otros definidos como de “importancia trascendental”. Maestros, transportistas, operarios de minería y trabajadores del comercio electrónico quedaron dentro de ese universo, lo que generó críticas en el ámbito sindical. El laboralista Matías Cremonte planteó un interrogante: “¿Eso incluirá un kiosco que cobra el IVA?”. Ese punto prometió discutir la compatibilidad con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

El proyecto también cambió el funcionamiento de las asambleas. Los trabajadores necesitaron autorización empresarial y perdieron el pago del tiempo utilizado. A su vez, sólo los delegados titulares conservaron protección plena. Los suplentes quedaron expuestos a sanciones y despidos, lo que generó alertas en abogados y especialistas en libertad sindical.

Otro eje polémico surgió con la formalización de los trabajadores de plataformas. El texto los definió como “prestadores independientes”. El régimen trasladó los riesgos al prestador y limitó los derechos típicos de una relación laboral. El Gobierno aseguró que la app debía proporcionar equipamiento y permitir la “desconexión”, pero distintos especialistas señalaron que la tendencia internacional avanzó hacia modelos híbridos con mayor protección.

La comparación internacional se convirtió en parte del debate. Economistas ortodoxos y empresarios aceptaron que la baja de costos sólo promueve más empleo cuando existe un ciclo de crecimiento. Sin ese marco, la experiencia internacional mostró resultados modestos. Brasil, España y México expandieron modalidades precarias, parciales o temporarias luego de reformas similares. En esos casos, la informalidad siguió alta y los salarios no mejoraron.

La reforma avanzó, además, sobre la negociación empresa por empresa. Ese esquema mostró efectos negativos en países con mercados laborales duales. En esos entornos, las firmas con mayor poder fijaron salarios inferiores a la productividad y aumentaron la desigualdad. Reino Unido y Nueva Zelanda se convirtieron en referencias de ese fenómeno, mientras Alemania equilibró sus reformas con controles estrictos y mayor fortaleza institucional.

Especialistas nacionales marcaron otro riesgo: la posibilidad de que la reforma quedara sin aplicación plena en provincias opositoras. La provincia de Buenos Aires, donde vive casi el 40% de la población, podría bloquear regímenes voluntarios. Argentina ya acumuló antecedentes de leyes laborales aprobadas pero incumplidas, lo que aumentó la incertidumbre sobre el impacto real de la iniciativa.

En el terreno económico, la discusión se cruzó con una dificultad central. El país arrastró un nivel alto de empleo informal y una productividad baja desde hace más de una década. Los expertos recordaron que flexibilizar sin aumentar productividad deriva en más empleo, pero de menor calidad. Las pymes, por su parte, reclamaron crédito, tecnología y un marco tributario favorable para contratar. Sin esas condiciones, advirtieron que la reforma podía reforzar la precariedad en lugar de reducirla.

Voces del sector privado coincidieron en que la contratación formal crece sólo cuando sube la demanda de trabajo. Para 2026, varios analistas temieron un escenario de caída de empleo. Por eso, plantearon que el país necesitaba un plan de desarrollo que acompañara los cambios legales. Una fuente empresarial lo expresó con una frase clara: “La mejor política industrial es la que baja el riesgo y sostiene la producción”.

El proyecto reveló un choque profundo entre la visión del Gobierno y la de sindicatos, abogados laboralistas y académicos. Para unos, la reforma abrió espacio para un mercado más flexible y atractivo para la inversión. Para otros, debilitó derechos y trasladó riesgos al trabajador sin resolver los problemas de fondo. El Congreso quedó como escenario de una disputa que definirá el futuro del empleo en Argentina.