El presidente Javier Milei decidió pisar el acelerador con la Ley de Glaciares tras el anuncio del acuerdo comercial con Estados Unidos y deslizó que el Gobierno podría enviar nuevo un proyecto de ley al Congreso o, si el calendario político lo exige, avanzar con un DNU que otorgue autonomía plena a las provincias para reglamentar la norma “como quieran”.

Milei lo dijo con su estilo frontal: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales”.

Para las mineras, el problema es la falta de definiciones claras, la superposición de competencias y la imposibilidad de avanzar con inversiones del orden de los u$s3.000 a u$s15.000 millones sin un marco jurídico seguro.

En el oficialismo conviven dos caminos con la clara convicción de avanzar en este tema: por un lado sacar un decreto reglamentario, rápido pero vulnerable a impugnaciones judiciales; y por otro, impulsar una ley aclaratoria, más sólida pero políticamente incierta.

La intención del Gobierno nacional con el decreto es modificar la ley vigente para ampliar la actividad económica en áreas periglaciares, y que luego las legislaturas provinciales tomen ese decreto y lo hagan propio. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene la misión de redactar ese DNU.

Luego, lo validaría Economía. Pero en minería creen “muchísimo más conveniente” blindar jurídicamente a los proyectos con una ley nacional del Congreso que deje en claro todo.

Las provincias mineras -sobre todo San Juan, que concentra seis de los diez grandes proyectos de cobre del país- hace meses reclaman ordenar quién decide qué. Lo recordó el gobernador Marcelo Orrego, quien insiste en que la autoridad de aplicación debe ser provincial para que la inversión avance.

Para contentar a los diputados y senadores díscolos o desentendidos en la materia, provincias mineras, empresas y sindicatos ofrecen acercar a las posibles reuniones de comisión o debates parlamenterios a expertos, científicos, investigadores y trabajadores para cuenten realidades concretas y derriben mitos sobre la minería. Son hombres y mujeres que con su conocimiento -y tiempo- pueden explicar en detalle los proyectos, sacar dudas de la actividad extractiva y corrijan la comunicación minera, muchas veces trastocada por intereses incógnitos.

El tema ya tiene clima de definiciones y el Gobierno evalúa presentar la normativa en sesiones extraordinarias del Congreso nacional, que podría tener dos períodos habilitados en verano para sesionar: diciembre y febrero. Una parte del gabinete impulsa que esa ley complementaria establezca precisión científica, delimite competencias y brinde estabilidad jurídica de largo plazo. Los tiempos políticos definirán el instrumento; la necesidad es la misma: claridad.

Con información de Energy Report.