El gobierno de la provincia de Buenos Aires comenzó la etapa posterior a las elecciones con una meta concreta: lograr que la Legislatura bonaerense apruebe un nuevo pedido de endeudamiento para el año 2026. Para alcanzar ese objetivo, el oficialismo necesitará los dos tercios de los votos tanto en Diputados como en el Senado, por lo que se anticipa un escenario de negociaciones intensas, similares a las que impidieron el tratamiento del Presupuesto 2025.

Este miércoles está prevista una sesión en la Cámara de Diputados provincial, en la que se incorporarán al temario los tres proyectos que Axel Kicillof envió la semana pasada: Presupuesto, Endeudamiento y Ley Fiscal Impositiva. Desde el jueves comenzarán las conversaciones formales, aunque hasta ahora solo hubo intercambios informales entre referentes del oficialismo y de la oposición. Kicillof ya dejó claro que su prioridad es obtener la autorización para tomar deuda. El proyecto tiene diez artículos y uno de los puntos más destacados —el tercero— plantea la creación del Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal, un mecanismo de especial interés para los intendentes de todos los signos políticos.

Según el texto original, este fondo se nutriría con un 8% del financiamiento que se solicita en el artículo dos, que contempla un endeudamiento de hasta USD 1.990 millones. Sin embargo, varios intendentes proponen modificar ese esquema para establecer un monto fijo, sin depender de la capacidad de crédito que logre la administración provincial.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ya anticipó su rechazo a esa alternativa. “Es un poco inconveniente —acceder a ese pedido— sobre todo por la situación en la que estamos”, sostuvo recientemente. Y agregó: “La Provincia requiere ese endeudamiento para reforzar sus arcas y a partir de eso puede destinar una parte a los municipios, tal como está previsto. Si vos ponés un fondo fijo que no está vinculado a ningún tipo de recurso adicional, son fondos que va a tener que repartir la Provincia de su recaudación propia”.

El debate no es nuevo: el año pasado también se produjo un enfrentamiento similar en torno al proyecto de presupuesto y endeudamiento para 2025. En esa oportunidad no hubo acuerdo, lo que obligó a la Provincia a funcionar durante todo el año con la Ley de Presupuesto y la Ley Fiscal prorrogadas, además de quedar imposibilitada de acceder a nuevo crédito para refinanciar vencimientos.

Dentro del propio oficialismo hay visiones encontradas sobre el nuevo pedido de deuda. Un jefe comunal que integra el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio político que responde a Kicillof, reconoció que los compromisos financieros del próximo año obligarán a la Provincia a salir a buscar financiamiento. En la fundamentación del proyecto se detalla que, entre 2025 y 2026, la Provincia deberá afrontar servicios de deuda por USD 4.321 millones, incluyendo pagos de capital e intereses. De ese total, casi USD 2.700 millones corresponden a amortizaciones de capital, mientras que para 2026 los compromisos ascienden a USD 2.545 millones, sin contar los pagos que ya se realizarán en 2025.

En el kirchnerismo admiten la necesidad de atender los vencimientos de deuda, aunque reclaman cambios en la estructura del fondo destinado a los intendentes. Plantean que debería ser un monto fijo o que el 8% estipulado sea más alto. “Si aprobamos el proyecto como está y el Ejecutivo decide solamente aplicar el endeudamiento establecido en el artículo uno, directamente no habrá recursos para el fondo a los municipios”, advierten desde ese sector. El artículo primero del texto prevé un endeudamiento de hasta USD 1.045 millones “afectado a la cancelación de servicios de deuda futuros”, sin mención alguna al financiamiento municipal.

El punto más delicado de la negociación será precisamente el pedido de endeudamiento, ya que su aprobación necesita una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras. En cambio, los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal requieren únicamente mayoría simple, algo que los operadores del peronismo en la Legislatura aseguran poder garantizar con los votos propios y algunos aliados antes del recambio del 10 de diciembre.

La intención del oficialismo es que, una vez ingresados los proyectos, las comisiones de Presupuesto e Impuestos emitan dictamen la próxima semana. Allí, Unión por la Patria mantiene mayoría, lo que facilitaría un despacho favorable. Si se logra, el plan es convocar a una sesión para la semana del 26 de septiembre. No obstante, algunas fuentes más cautas estiman que el debate podría postergarse hasta el 5 de diciembre, o incluso trasladarse a la nueva composición legislativa.

De ser así, el peronismo, si logra mantener su unidad, contaría con quórum propio en el Senado y con la primera minoría en Diputados, aunque los tiempos se extenderían inevitablemente. A todo esto se suma la urgencia del gobernador Kicillof, quien necesita que la Ley Fiscal 2026 sea aprobada antes de fin de año, ya que de ella dependen las partidas impositivas que deberán aplicarse desde enero próximo bajo las escalas previstas en la nueva normativa.