A pocos días de lograr la victoria legislativa, el Presidente Javier Milei puso sobre la mesa y sobre la opinión publica la idea y la urgencia de una reforma laboral.

Muchas de las leyes vigentes hoy en día son herencia de gobiernos de facto, y como representante sindical me lamento que la dirigencia que nos representa no se haya ocupado de actualizarlas conforme a las nuevas modalidades de trabajo, teniendo en cuenta que el marco social y gubernamental les era favorable para hacerlo.

En esa línea, y haciendo una autocrítica, quiero remarcar que los actores que hoy participan de la primera línea de las centrales obreras son los mismos que impulsaron la reforma laboral precarizadora en los años 90 con Menem. Son los mismos que se sentaron con De la Rúa. Y como si fuera poco, son los mismos que no pudieron concretarla con Mauricio Macri nada más ni nada menos que en un encuentro fracasado en la Sociedad Rural.

Lo que la Libertad Avanza busca implementar es una ley que se presenta de forma violenta, sin consenso y sin esclarecerse abiertamente a la comunidad. A priori, esto fomenta el odio social, ya que los puntos que se dejaron trascender contemplan modificaciones profundas, principalmente la ampliación de la jornada laboral y la desregulación de los convenios colectivos.

Pero acá no solo juegan los sindicatos y los funcionarios de turno. Quiero hacer hincapié en el empresariado, a quienes los califico como una “pandilla de ventajistas”. Muchos de ellos se han hecho millonarios con las leyes que hoy pretenden derogar, so pretexto que las mismas los han “empobrecido”.

Desde el inicio de mi carrera sindical fui proclive a defender y abrazar propuestas, no candidatos ni dirigentes sindicales. La CGT y la CTA se etiquetaron electoralmente con un sector y han descuidado durante años el derecho de los trabajadores y los intereses colectivos que ahora pretenden desregular. Las centrales obreras deben ser independientes y respetar la pluralidad de ideas, pues de otra forma solo se acallan las voces de aquellos que piensan distinto.

Acá se está hablando abiertamente de modificar horarios, tareas y modalidades de trabajo, según la conveniencia de las empresas. Esto constituye lisa y llanamente una barbarización de los lazos sociales. El querer crear bancos de horas para eliminar horas extras compensándolas con francos, es quitarle poder de ingreso, consumo y derechos al sector del trabajo. Ni que hablar de aumentar la jornada laboral o la indigna intención de abonar las indemnizaciones en cómodas cuotas.

También se toca el punto de la fragmentación de los periodos vacaciones, flexibizando su otorgamiento para priorizar las necesidades de las empresas y no el justo y merecido descanso de los trabajadores que ponen el cuerpo día a día.  Se están poniendo ideas sobre la mesa que echan por tierra siglos de luchas de mejoras y conquistas para el sector del trabajo.

No puedo dejar de mencionar la violencia psicológica que genera la situación de “disponibilidad absoluta” para los trabajadores estatales. Bajo este régimen, podrían ser vulnerados sus derechos constitucionales como la estabilidad en el empleo público. Así, y de esta manera tan perversa que el gobierno propone reformar las leyes laborales, yo me pregunto: ¿Cuántas excepciones más hacen falta para que la letra de la Constitución Nacional termine siendo una letra muerta?.

Dentro de las ideas deslizadas por los dirigentes de La Libertad Avanza, también se encuentra la reforma previsional que Milei pretende impulsar. Le preguntaría a cualquier legislador o funcionario del Ejecutivo si ellos tienen presente cómo queda la gente que trabaja con regímenes especiales o que realizan tareas insalubres después de trabajar hasta los 70 años. Son cuestiones que no se pueden tratar conforme a la conveniencia monetaria de las empleadoras. La salud y el bienestar de la población deben estar por encima del interés esclavista de esta “banda de aprovechadores”.

Por VICTORIO PIRILLO / Secretario General de Trabajadores Municipales de Vicente López