La organización feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) publicó un informe en el que advierte que, desde el comienzo de octubre, se registraron 11 femicidios en Argentina, lo que equivale a un asesinato de una mujer cada 28 horas. Según el relevamiento, durante todo 2025 se contabilizan 196 femicidios, uno cada 35 horas, y en los últimos 10 años se produjeron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios, con un promedio de una víctima cada 33 horas.

Frente a este panorama, MuMaLá adelantó que presentará por tercera vez en el Congreso de la Nación un proyecto de Declaración de Emergencia Nacional en Violencia de Género, con el objetivo de reinstaurar políticas públicas de prevención, protección y asistencia a víctimas.

El informe incluye casos recientes que evidencian la gravedad de la situación: el triple femicidio de Florencio Varela, donde murieron Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, y el femicidio ocurrido en Córdoba, perpetrado por Pablo Laurta —integrante de la organización machista Varones Unidos—, quien asesinó a su ex pareja y a la madre de ella. Otros casos recientes incluyen los femicidios de Gabriela Arací Barrios en Chaco; Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca; y Daiana Mendienta en Entre Ríos.

Según datos del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”, solo el 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, el 73% de los femicidios fue cometido por la pareja o ex pareja, y el 70% ocurrió en los domicilios de las víctimas. Como consecuencia de estos crímenes, 120 niños y adolescentes quedaron sin madre.

La voz de MuMaLá

Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, señaló que la publicación adelantada del informe se debió a la gravedad de la situación y al aumento de denuncias por violencia. Sosa destacó que, además de la violencia doméstica, la narcocriminalidad y sectores antiderechos han contribuido a algunos de los crímenes recientes.

La dirigente feminista criticó al gobierno de Javier Milei por haber eliminado políticas públicas destinadas al abordaje de la violencia de género, y enfatizó que la declaración de emergencia busca restituir programas de protección, apoyo económico a víctimas y a sus hijos e hijas, y el monitoreo de mensajes de odio que puedan derivar en violencia.

Sosa advirtió que, ante la ausencia de políticas de género, ha disminuido la cantidad de denuncias previas de las víctimas contra sus agresores, un fenómeno que pone en evidencia la relación entre presencia de políticas públicas y prevención de femicidios. Mientras que en algunos meses de la última década el porcentaje de denuncias previas alcanzaba el 25%, en los últimos meses descendió al 13%.

“Es una situación muy dura que genera angustia y enojo, pero hay una sociedad activa pidiendo políticas que reduzcan la desigualdad”, concluyó Sosa, resaltando la necesidad de visibilizar y organizar la lucha contra la violencia machista para proteger los derechos humanos de mujeres, lesbianas, travestis y personas trans.