La visita oficial del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Argentina fue cancelada en medio de una creciente ola de denuncias por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino. La decisión se conoció luego de que múltiples organizaciones de derechos humanos presentaran pedidos formales ante la Justicia Federal para que se ordenara su detención en caso de ingresar al país.

Entre los organismos denunciantes se encuentran Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Liga Argentina por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S., ATE Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros. Las presentaciones judiciales acusan a Netanyahu de llevar adelante una “política de exterminio sistemático” contra la población palestina, en el marco del conflicto en Gaza, y apelan al principio de jurisdicción universal para que sea juzgado en tribunales argentinos.

La visita, que estaba prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, había sido organizada por el gobierno de Javier Milei, quien recibió fuertes críticas por su respaldo a la gestión israelí. Las denuncias también apuntaron contra el presidente argentino por su “complicidad con una política criminal”, según expresaron los organismos en sus comunicados.

La cancelación del viaje se da en un contexto internacional complejo, con la Corte Penal Internacional evaluando cargos contra Netanyahu por crímenes contra la humanidad, incluyendo homicidio, persecución, destrucción de infraestructura civil y desplazamiento forzado de población.

Desde el entorno del primer ministro israelí no hubo declaraciones oficiales sobre los motivos de la suspensión, aunque fuentes diplomáticas señalan que la decisión busca evitar un escenario judicial adverso en suelo argentino. La noticia genera un fuerte impacto político y reactiva el debate sobre el rol de Argentina en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.