El Gobierno de Javier Milei entró en su segundo año de gestión con un frente que no puede tapar con discursos altisonantes ni con conferencias de prensa improvisadas: la acumulación de causas judiciales y denuncias de corrupción que involucran a funcionarios, operadores y hasta personas del círculo íntimo presidencial. El caso más resonante estalló en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde los audios que salieron a la luz forzaron la salida de su titular, Diego Spagnuolo, un hombre de máxima confianza de Milei.

En esas grabaciones, difundidas en redes y luego incorporadas a una investigación judicial, se escucha a Spagnuolo describir un esquema de sobornos que involucraría a laboratorios, droguerías con vínculos políticos y retornos que, según él mismo, alcanzaban al corazón del poder. “Van a pedirle guita a los prestadores”, se lo escucha decir, al tiempo que menciona a Karina Milei y a operadores cercanos a Martín y Lule Menem. En otro pasaje reconoce haber alertado al propio Presidente: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzan ahora sobre esos audios para determinar responsabilidades penales. La Casa Rosada reaccionó tarde y con un comunicado escueto, en el que anunció la intervención de la agencia y la salida “preventiva” de Spagnuolo. Pero la crisis ya estaba desatada: en el Congreso, diputados de distintos bloques reclamaron explicaciones y denunciaron que se trataba de un “escándalo” que afectaba a una de las áreas más sensibles del Estado.

El caso de la ANDIS no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de episodios que muestran que el discurso de transparencia y “lucha contra la casta” de Milei naufraga frente a la realidad de su propia gestión.

– Venta de candidaturas
– Peaje para reuniones con el presidente con testimonios de pedidos de coima de su entorno
– Megaestafa con una criptomoneda promocionada por el presidente, con causas penales abiertas en EEUU
– Valijas que se saltearon los controles de aduana por orden…

— Matias Mowszet (@MatiMow) August 21, 2025

Uno de los primeros en salir a la luz fue el escándalo por la venta de candidaturas, una práctica que exfuncionarios libertarios describieron como un mecanismo aceitado durante el cierre de listas. Hubo testimonios de aspirantes que aseguraron que les pedían dinero para garantizarles un lugar en las boletas legislativas. El tema nunca llegó a judicializarse de manera formal, pero el ruido interno se transformó en un secreto a voces en la política.

A esto se sumó la denuncia sobre el peaje para reunirse con el Presidente. Empresarios y dirigentes admitieron que recibieron pedidos de coimas de parte de intermediarios del propio entorno de Milei para acceder a encuentros en la Casa Rosada o en la residencia de Olivos. En algunos casos, las sumas reclamadas superaban los 20 mil dólares. El Gobierno negó todo, pero no ofreció respuestas claras ni avanzó en investigaciones internas.

En paralelo, avanzó en el exterior la investigación sobre la megaestafa con una criptomoneda promocionada por Milei antes de llegar a la presidencia. La “CoinX”, como se la conocía, terminó bajo la lupa de la justicia de Estados Unidos y de la Comisión Nacional de Valores argentina. Inversores denunciaron que se trató de un esquema fraudulento que les provocó pérdidas millonarias. Aunque el Presidente intentó despegarse alegando que solo había sido “una publicidad”, la causa sigue abierta en el país del norte.

Otro episodio que desnudó los privilegios y la discrecionalidad del oficialismo fueron las valijas que sortearon los controles de la Aduana. El caso quedó expuesto cuando un allegado al Presidente ingresó al país desde Estados Unidos con equipaje que no pasó por los controles habituales, por orden política. Se habló de bienes de lujo y hasta de dinero en efectivo, aunque la investigación judicial todavía no logró establecer con precisión qué contenían. El episodio puso en crisis al área de Seguridad Aeroportuaria y abrió un frente con la propia Aduana.

En el PAMI también explotó un escándalo. Una funcionaria renunció denunciando presiones y pedidos de coimas de parte del armador político de La Libertad Avanza en La Plata, hombre cercano al principal operador bonaerense del oficialismo. Según su relato, le reclamaban la firma de documentos ilegales y la entrega de dinero a cambio de sostenerla en el cargo. La Casa Rosada intentó minimizar el tema y presentó la salida como una “decisión personal”.

El último capítulo fue el audio filtrado de Spagnuolo donde se describe que Karina Milei se quedaba con un 3% de los retornos en los contratos con sobreprecios de la ANDIS. La voz que se le atribuye detalla cómo se repartía el dinero y cómo funcionaba el esquema a través de la droguería Suizo Argentina, vinculada a la familia Menem.

A esta lista de episodios se pueden sumar otros de menor escala pero igualmente reveladores, como los contratos adjudicados sin licitación a empresas amigas, los gastos reservados en la Secretaría General que maneja Karina Milei y los negocios que se abrieron en torno al uso del avión presidencial para fines privados.

En un año y medio de gestión, Milei acumuló un prontuario de escándalos de corrupción que deja en evidencia la contradicción entre su prédica anticasta y la práctica real de su gobierno. El problema ya no es el relato, sino la Justicia y la opinión pública, que empiezan a mirar con lupa a una administración que llegó con la promesa de limpiar la política, pero terminó ensuciándose en tiempo récord.