Las instituciones del país están en alerta a raíz de una investigación en curso que sacude al Gobierno Nacional de Javier Milei: este miércoles, el Poder Ejecutivo denunció que funcionarios propios filtraron información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica. La Procuración del Tesoro tomó conocimiento del hecho y despidió a 60 empleados de inmediato, pero no hay certezas sobre la extensión de la filtración. Se habla de una posible venta de datos confidenciales y los ojos están puestos en Santiago Caputo.

La resolución de Casa Rosada menciona una «reestructuración» con el objetivo de «fortalecer la eficiencia del organismo y readecuar su estructura», pero debajo de la repentina medida subyace un episodio de consecuencias monumentales. Según trascendió esta tarde, en la cúpula del Gobierno sospechan que hubo «venta de información» al interior de la Procuración del Tesoro, el área que nuclea a los abogados del Estado y se encarga de representarlo jurídicamente en litigios como el que actualmente mantiene por Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La filtración incluiría detalles sobre la estrategia judicial del país ante los fondos buitre de Burford Capital que a finales de junio obtuvieron el visto bueno de la jueza de Nueva York Loretta Preska para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera pública. Esta semana, la Cámara de Apelaciones de la ciudad estadounidense hizo lugar al pedido del Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la cesión del paquete por tiempo indeterminado; sin embargo, el juicio continúa.

En este marco, el Gobierno o no conoce o no quiere revelar qué información en concreto se habría filtrado, pero se asume que habría ido a parar a la parte demandante en el litigio internacional presuntamente a cambio de un pago por los datos. Cabe mencionar que el titular del organismo durante el episodio era Santiago Castro Videla, un funcionario aparentemente ofrecido por el mega asesor Santiago Caputo, una de las figuras más importantes y poderosas en la mesa chica del Gobierno.

Hasta ahora, las medidas en el área incluyeron un «recorte histórico de personal» con «más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas». De la teoría, la disposición «busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos»; en la práctica, se trata de arrancar de raíz al verdadero «topo» dentro del Estado.