La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, emitió una orden que intensificó el conflicto legal que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La resolución exige al Estado nacional transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera a los fondos demandantes que obtuvieron un fallo favorable por una cifra superior a los 16.000 millones de dólares.

La decisión llegó en el marco del litigio impulsado por el fondo Burford Capital y Eton Park Capital Management, quienes adquirieron los derechos legales del Grupo Petersen Energía e IEASA, antiguos accionistas de YPF. Según el planteo, el Estado incumplió el estatuto de la empresa al no realizar una Oferta Pública de Adquisición al momento de adquirir el control, afectando los intereses del resto de los accionistas.

El fallo de Preska fue difundido primero por el analista Sebastián Maril, y luego confirmado mediante el documento oficial. Allí se ordenó a la República Argentina a trasladar su paquete accionario al Bank of New York Mellon (BNYM) para su posterior entrega a los beneficiarios del fallo. El texto dispuso que el traspaso se concrete dentro de los catorce días posteriores a la resolución.

La jueza rechazó la solicitud del gobierno argentino para realizar una audiencia oral, y dio por concluido el expediente. “Se concede la moción de los Demandantes… La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF… y se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que concluya el presente caso”, indica el fallo.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF sufrieron un fuerte retroceso. En Wall Street, la caída superó el 6%, mientras que en la Bolsa porteña el descenso rondó el 5% hacia media tarde. El impacto también afectó al Merval, que revirtió una jornada inicialmente positiva.

El paquete en disputa representa la mayoría accionaria de la empresa y fue adquirido por el Estado argentino en 2014 a Repsol, que había sido previamente indemnizada con 5.000 millones de dólares en bonos. La empresa YPF no intervino en el proceso judicial, ya que el conflicto involucra al Estado como único demandado. La defensa nacional estuvo a cargo de la Procuración del Tesoro.

El fondo Burford ya había intentado ejecutar embargos contra otros activos argentinos como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación o el Banco Central, pero sin éxito. Ahora, con esta resolución, avanza sobre el control de la petrolera estatal como forma de cobrar la sentencia.

Frente a este escenario, el presidente Javier Milei anunció que apelará el fallo y responsabilizó al exministro Axel Kicillof. “Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, escribió. En otra publicación, lo calificó como “el inútil soviético de Axel Kicillof” y agregó: “Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”.

El proceso de expropiación de YPF fue aprobado por el Congreso en 2012, con una ley votada por amplia mayoría. La medida respondió a la necesidad de recuperar el control sobre recursos estratégicos, especialmente tras el redescubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta. Sin embargo, la falta de una oferta de adquisición a todos los accionistas fue el eje del reclamo legal que hoy amenaza con privatizar nuevamente a la empresa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se había manifestado anteriormente contra el pedido de Burford. Argumentó que el embargo de activos violaría los principios de inmunidad soberana que rigen en el país. Pese a ese pronunciamiento, la jueza Preska avanzó con la orden de traspaso de acciones.

Expertos consultados señalaron que cualquier intento de ejecutar el fallo debería pasar por el Congreso nacional. Para que se concrete la entrega del 51% de YPF, sería necesaria una ley específica que avale la operación. En caso de que el Ejecutivo intente cumplir la orden mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, su validez dependerá de la aprobación parlamentaria.

El gobierno argentino aún puede apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Otra alternativa sería solicitar una suspensión de la ejecución para ganar tiempo en la negociación. Detrás del fallo, los fondos buscan forzar algún tipo de acuerdo que incluya un plan de pagos. Según fuentes del entorno judicial, el objetivo de esta decisión es abrir una nueva etapa de diálogo que permita resolver el conflicto fuera de los tribunales.

El conflicto por YPF, que se originó hace más de una década, volvió a quedar en el centro del debate político y económico. Mientras la presión judicial internacional crece, el gobierno argentino enfrenta una disyuntiva compleja: resistir en tribunales o habilitar una salida negociada que preserve los activos estratégicos del país.