Por Antonela Galiani

Seis eran los testigos que debían asistir este medio día a la Legislatura para tratar de esclarecer las responsabilidades políticas en la causa de las escuchas ilegales, pero sólo asistieron dos: Marie France Peña Luque, casada durante 18 años con Mariano Macri, hermano del Jefe de Gobierno, y el comisario mayor de la Metropolitana Ricardo Ferrón. Como de costumbre los ausentes brindaron las típicas excusas: Alicia Beatriz Ares de Palacios, esposa del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, argumentó que aún debe presentarse ante la Justicia; Horacio Gallardo y José Luis Rey, ex jueces de Misiones, enviaron sus declaraciones escritas por fax; y Roberto Digón, ex dirigente del Club Boca Juniors, pidió reprogramar su declaración a raíz de un problema médico.

Peña Luque fue citada por una denuncia que realizó en 2008 en la que aseguraba que por orden de su ex marido ella “era espiada” por agentes de una empresa de seguridad privada. Esto dio pie para que la testigo defenestrara un rato a la familia de su ex marido sin aportar mucho sobre la causa.

Lo que sí hizo Ferrón fue dar detalles sobre las prácticas de seguridad que sufrió mientras vivía en San Pablo, tratando de insinuar que el espionaje podría ser algo habitual dentro del clan familiar. De acuerdo a la declaración de Peña Luque, su ex marido habría colocado un auto en la puerta de su casa para registrar quiénes ingresaban y salían, con el supuesto objetivo de preservar la seguridad familiar. “El espionaje es el modus operandi dentro de la familia”, lanzó la testigo, quien enseguida contó que sospechaba que algunos de sus teléfonos se encuentren aún intervenidos. Hoy utiliza cinco celulares distintos.

Quizás un poco asustada, Peña Luque aclaró que grabó material con diversa información a modo de resguardo, “por si me pasaba algo”. “Yo viví mi propia experiencia con respecto al espionaje. Creo que todavía me siguen espiando”. Y continuó: “Es una familia muy especial. Cada uno de los hermanos se ocupa de lo suyo, salvo cuando se trata de plata, ahí se hacen un bloque. Fuera de eso no son amigos”.

Por su parte el comisario mayor de la Policía Metropolitana, Ricardo Ferrón, se excusó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional que protege a una persona de declarar contra sí misma. Entonces, se expresó por medio de un documento escrito. “Creo sinceramente que no es procedente que declare”, leyó Ferrón y agregó que le hubiese gustado “estar asistido por un abogado”.

Recordemos que el oficial fue denunciado por su participación en la detención de miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante la última dictadura militar. Respecto a este punto Ferrón afirmó que en ese entonces tenía solamente 25 años y no ocupaba ningún cargo de toma de decisiones dentro de la fuerza por lo que no podía poner en cuestionamiento lo que le era ordenado. Señaló al juez de Primera Instancia en lo Criminal Nacional y Correccional Federal, Martín Anzoátegui, como autor de la orden por la que se procedió a secuestrar “material que se relacione con actividades subversivas” y detener “a los que a primera vista se consideren responsables”.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Recordemos que la Comisión Investigadora votó la semana pasada la ampliación del período de pruebas para la toma de testimonios, por lo que se podrá citar testigos hasta el 3 de diciembre. Además hay una nueva lista de convocados, entre los que se encuentra nuevamente el Jefe de Gobierno porteño, que no concurrió el lunes 29 de noviembre con la excusa de la luna de miel. Macri será nuevamente convocado para el viernes 3 de diciembre.