Tras encabezar una reunión con rectores, gremios docentes y estudiantes, la comunidad educativa ingresó en las últimas horas a la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo proyecto de financiamiento universitario, similar a la que el presidente Javier Milei vetó el año pasado.

La iniciativa busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas del país, fijando una meta de inversión educativa del 1,5% del Producto Interno Bruto (PBI) para 2031. Por lo que promete ser un punto de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, no solo por su impacto fiscal sino también por la sensibilidad social que las casas de altos estudios generan.

En ese marco, la nueva ley de financiamiento universitario contó con el respaldo de una amplia representación opositora como referentes de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal (EF), la Coalición Cívica (CC), el Fit-U, los radicales de Democracia Siempre, por y hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) como Julio Cobos.

Según los bloques, en la sesión especial pedida para el próximo miércoles, 4 de junio, solicitarán que las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert (LLA), y de Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro (PRO), habiliten el tratamiento del proyecto. “El plan es que se discuta en comisión el 10 y 11 de junio, se emita dictamen y llegue al recinto el día 19”, afirmó la diputada de UxP, Blanca Osuna.

En la misma línea, el vicepresidente de la Universidad Nacional de La Pampa, Franco Bartolacci, calificó la iniciativa como una respuesta “urgente, necesaria y razonable” frente a la crisis del sistema educativo, producto del desfinanciamiento y motosierra del Ejecutivo nacional, a cargo de Javier Milei.

“Todos creemos que la Argentina necesita una economía sólida, todos sabemos que en ese contexto de escasez hay que establecer prioridades, y nos asiste la convicción profunda de saber que la educación y la producción científica, sobre todo en un país que tiene los problemas que tiene la Argentina, debe ser una prioridad”, sostuvo Bartolacci.

Además, el vicerrector de la casa de estudios remarcó que el proyecto de financimiento universitario es razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente al Estado, motivo principal por el cual el jefe de Estado libertario vetó el proyecto pasado.

“Fue la sociedad argentina la que, conmovedoramente, el año pasado dijo que no hay en las universidades ni en el sistema científico un problema, sino la posibilidad de encontrar una solución a los problemas estructurales que la Argentina tiene”, cerró el vicerrector.

Los detalles del nuevo proyecto de financiamiento universitario

 

El proyecto de financiamiento universitario tiene 12 artículos y busca garantizar por ley los fondos para el funcionamiento del sistema universitario para evitar que queden sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además, establece con precisión los mecanismos de financiamiento y actualización presupuestaria.

Además, el texto propone calcular el financiamiento universitario en base a una proporción a los fondos nacionales coparticipables, que se transferiría mensualmente al programa de Desarrollo de la Educación Superior. Los mismos no impactarán sobre lo que reciben las provincias en materia de Aportes del Tesoro Nacional.

También, la iniciativa establece paritarias trimestrales para docentes y no docentes, con aumentos mensuales atados a la inflación, y una recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.

En tanto, los gastos operativos de las casas de estudio se actualizarían automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se fijará una meta de inversión educativa equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2031, con subas progresivas a partir de 2026.

Por último, el texto contempla la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas, como aquellas vinculadas a la inteligencia artificial, la ampliación de becas estudiantiles y el fortalecimiento de la infraestructura, la investigación y los programas de bienestar.