Lo que comenzó como un posteo en redes sociales durante el Día de los Enamorados hoy se transformó en un caso con derivaciones políticas y judiciales que amenaza con empañar el festejo oficialista por el supuesto fin del cepo cambiario. El tuit en cuestión, publicado y luego eliminado por el Presidente Javier Milei, promocionaba la criptomoneda $LIBRA, ahora en el centro de una investigación por denuncias de estafas en Argentina y en Estados Unidos.

El Congreso tomará cartas en el asunto este martes y miércoles, cuando se dé inicio a una serie de interpelaciones a funcionarios y se conforme una comisión investigadora. Legisladores opositores, en su mayoría integrantes de una nueva alianza anti-Gobierno en la Cámara Baja, buscarán establecer si Milei tuvo algún grado de implicancia directa en el lanzamiento de la moneda virtual, un proyecto privado al que se asoció su imagen pública.

Aunque en términos formales la comisión funcionará durante tres meses, desde la oposición ya advierten que, si en ese período surgen elementos que vinculen al Presidente con hechos ilícitos, no tendrán más opción que impulsar un juicio político. Esto se daría justo en el arranque de la campaña electoral, lo que podría tener consecuencias institucionales impredecibles.

Desde el oficialismo, la estrategia fue minimizar el tema. Karina Milei y Guillermo Francos, principales operadores legislativos del Gobierno, no se ocuparon de frenar el tratamiento de la comisión investigadora. Francos, de hecho, será uno de los interpelados junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La sesión marcará un hecho inédito en lo que va del siglo: nunca antes se había citado a tantos funcionarios de alto rango en simultáneo por un tema vinculado a una criptomoneda.

En el centro de la tormenta también está el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien no quiere asistir a la interpelación. “No tendría sentido que fuera”, lo justificó Francos durante la Semana Santa. La Constitución habilita al Congreso a citar ministros, pero no establece sanciones por no asistir. Aun así, en la Casa Rosada reconocen que una ausencia de Caputo podría derivar en un pedido de juicio político, lo que generaría una crisis en la conducción económica del país.

La resistencia oficialista se concentra ahora en impedir el avance de la comisión investigadora. Martín Menem, presidente de Diputados, planea bloquear su constitución buscando un empate que impida elegir autoridades y citar testigos. Para eso cuenta con el apoyo de LLA, el PRO, parte de la UCR e Innovación Federal. Sin embargo, desde la oposición aseguran que tienen chances de quebrar esa paridad aprovechando internas libertarias y el descontento de legisladores marginados, como Lorena Villaverde (Río Negro) y Emilia Orozco (Salta).

En paralelo, el Senado navega en aguas igual de turbulentas. Victoria Villarruel intenta sesionar el jueves para sancionar la ley de Ficha Limpia, pero no logra reunir los 37 votos necesarios. El bloque oficialista sigue sin poder controlar a la dupla santacruceña de José María Carambia y Natalia Gadano. La tensión creció tras los cruces entre Carambia y la diputada del PRO Silvia Lospennato, por la demora en tratar la ley. “En la Ciudad esta ley nunca fue sancionada, pese a que el PRO se declara principal promotor”, le recordó el senador.

Además del caso $LIBRA y de Ficha Limpia, se avecina una nueva temporada de enfrentamientos por los vetos presidenciales. En mayo volverán al debate proyectos para prorrogar la moratoria previsional y aumentar los fondos para universidades. También se tratará la emergencia en discapacidad, impulsada por Daniel Arroyo y respaldada con movilizaciones. El Congreso exigirá al Gobierno que descongele partidas y actualice nomencladores, luego del escándalo por el decreto que usó términos como “idiota” o “débil mental”.

El caso $LIBRA fue citado incluso por la revista The Economist, que si bien elogió la política económica de Milei, también remarcó sus errores políticos. El rechazo del Senado a los pliegos de la Corte Suprema y la falta de reacción del Gobierno frente al escándalo cripto son ejemplos de decisiones mal calculadas. “¿Acaso hubieran prosperado las interpelaciones si un funcionario hubiese puesto la cara los días siguientes al tuit?”, se preguntan desde la oposición.

La fragilidad política del oficialismo es cada vez más evidente. La Cámara Alta se convirtió en una caja de sorpresas sin liderazgos claros. Ni siquiera dictámenes aparentemente sencillos, como los de los embajadores a Estados Unidos e India, logran avanzar. Todo indica que el Gobierno no tiene el control del Congreso ni capacidad de reacción ante las crisis que él mismo genera.

La falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo, sumada a la sobreexposición de Milei en temas secundarios y a la descoordinación de sus principales operadores, profundiza el desgaste institucional. En medio de un contexto económico tenso, los desaciertos políticos y la soberbia oficialista podrían terminar costándole caro al Presidente, justo cuando más necesita mostrar gobernabilidad.