Con el objetivo de evitar que se rechacen los pliegos de los candidatos propuestos para la Corte Suprema –quienes luego fueron designados por decreto–, el Gobierno instruyó a la bancada libertaria en el Senado para que solicitara a Victoria Villarruel una sesión especial el próximo jueves. En dicha sesión, se buscará tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que impide postularse a cargos a aquellas personas con una condena penal firme en segunda instancia. Además, se pretende aprobar la asistencia de emergencia destinada a Bahía Blanca, afectada por la grave inundación que sufrió recientemente.

El pedido fue presentado el último jueves y cuenta con la firma de cinco de los seis senadores que integran el bloque liderado por Ezequiel Atauche (Jujuy). La solicitud se entregó menos de una hora después de que la Comisión de Acuerdos emitiera dictamen favorable sobre el pliego de Manuel García-Mansilla, habilitando su tratamiento en el recinto del Senado junto con la postulación de Ariel Lijo.

Hasta el momento, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, no ha dado respuesta al requerimiento de los legisladores de La Libertad Avanza. Tampoco se ha pronunciado respecto a otra solicitud presentada por el kirchnerismo, que le exige convocar a una sesión especial el mismo día para debatir los pliegos de los jueces.

Generalmente, la presidenta del Senado consulta con los líderes de los bloques dialoguistas para resolver este tipo de diferencias. Sin embargo, en las últimas semanas, Victoria Villarruel ha mostrado un creciente aislamiento en la actividad legislativa, algo que se ha convertido en una queja recurrente dentro de todas las bancadas. A esto se suma su escasa relación con el bloque oficialista, que es dirigido a distancia por Santiago Caputo.

Justamente, la orden de solicitar una sesión especial provino del asesor presidencial, quien encuentra en Ezequiel Atauche a su principal operador en la Cámara alta. La maniobra apunta a “espantar” al kirchnerismo al abrir el recinto para tratar la ley de ficha limpia, una iniciativa que la bancada de Unión por la Patria rechaza categóricamente al considerarla un intento de proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner.

Lo más llamativo es que, hasta la semana pasada, la propia Casa Rosada había instruido a sus legisladores para que evitaran el debate sobre ficha limpia y lo mantuvieran estancado. Este giro revela la creciente preocupación del oficialismo ante el riesgo de un revés político para Javier Milei, que supondría una desautorización directa a las estrategias de Caputo, en caso de que el Senado rechace las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

El proyecto de ley de ficha limpia fue aprobado por la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias de febrero y cuenta, desde hace tres semanas, con dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sin embargo, el Gobierno había decidido postergar su tratamiento para las sesiones ordinarias, ya que priorizó la ley que suspendió las elecciones primarias (PASO) de este año, la cual fue sancionada por el Senado el pasado 20 de febrero.

En realidad, la administración de Javier Milei nunca mostró un verdadero interés en ficha limpia, una iniciativa promovida por diputados de Pro, ya que entraba en conflicto con su estrategia electoral de polarización con Cristina Kirchner. La normativa impediría su candidatura en los próximos comicios debido a su condena por corrupción en la causa Vialidad, confirmada en segunda instancia por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por esa razón, en noviembre del año pasado, la bancada libertaria en Diputados, en conjunto con el bloque kirchnerista, dejó sin quórum el debate del proyecto en dos oportunidades, frustrando su avance. Sin embargo, la reacción negativa tanto en los medios como en las redes sociales, al evidenciarse la coincidencia entre el oficialismo y el kirchnerismo en esta cuestión, obligó a la Casa Rosada a dar marcha atrás. En ese contexto, el Gobierno anunció su disposición a discutir la ley, pero bajo una propuesta propia que supuestamente estaba elaborando el abogado Alejandro Fargosi.

La iniciativa en la que trabajaba Fargosi nunca fue presentada públicamente. No obstante, a mediados de enero, se informó que el ministro de Defensa, Luis Petri, estaba redactando un proyecto sobre el mismo tema. Este fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias convocadas en febrero y, tras algunas modificaciones, logró la aprobación de la Cámara de Diputados tres semanas después.