La gestión libertaria planea enviar en las próximas horas al Congreso la solicitud de autorización para concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tal como se había adelantado la semana pasada, desde la Casa Rosada se avanzará con un decreto para cumplir con la normativa vigente y, al mismo tiempo, evitar demoras en una negociación clave para el rumbo de la economía.

El decreto de necesidad y urgencia ya está listo para su firma y se espera que en las próximas horas sea publicado en el Boletín Oficial. Luego de su publicación, el Gobierno remitirá el DNU a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, que deberá emitir un dictamen para su posterior debate en la Cámara de Diputados en el menor tiempo posible.

De acuerdo con la legislación vigente, basta con la aprobación de una sola cámara del Congreso para que el decreto quede convalidado. Esto se debe a la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2006, la cual establece que un decreto solo puede ser anulado si es rechazado tanto por Diputados como por el Senado.

Anoche, fuentes oficiales revelaron que el DNU cuenta con una extensa fundamentación, en la que se incluyen duras críticas a la llamada Ley Guzmán, que exige la aprobación del Congreso para concretar un acuerdo.

«Fue un acto de cobardía de un mal ministro, en un momento de debilidad de un mal presidente como Alberto Fernández. Toda la vida, desde que se creó el FMI, los gobiernos fueron los responsables de firmar los acuerdos. A nosotros solos se nos ocurren estas ideas», expresó un funcionario al referirse a esta normativa.

La misma fuente subrayó que en la propia constitución del FMI se establece que la potestad para firmar acuerdos recae en los Poderes Ejecutivos. «Martín Guzmán impulsó esta ley para sacarse la responsabilidad de encima», añadió.

La postura del Gobierno es que el decreto de necesidad y urgencia posee efectos y una validez equiparable a los de una ley, salvo que ambas cámaras del Congreso lo rechacen.

Una vez publicado en el Boletín Oficial, el DNU relacionado con el acuerdo con el FMI deberá seguir el procedimiento establecido por la ley 26.122. Esto implica que, en un plazo máximo de 10 días hábiles desde este lunes, el decreto tendrá que ser remitido a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, más conocida como la Bicameral de los DNU.

Dicha comisión dispone de otros 10 días hábiles para emitir un dictamen, que requiere el respaldo de al menos 9 de sus 18 miembros. Una vez vencido ese plazo, ambas cámaras quedarán facultadas para tratar el decreto. En el Gobierno destacan que la mayoría de los DNU firmados por Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández nunca llegaron al recinto, pero aun así mantienen plena vigencia.

Actualmente, la Bicameral de los DNU está encabezada por el senador riojano Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), con el diputado Hernán Lombardi (PRO) como vicepresidente y el senador chaqueño Víctor Zimmermann (referente del radicalismo alineado con el Gobierno) en el rol de secretario. Como vocales participan los senadores oficialistas Luis Juez y Camau Espínola, mientras que por la oposición figuran Francisco Paoltroni, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González (Unión por la Patria). En la Cámara de Diputados, integran la comisión los legisladores kirchneristas Vanesa Siley, Carolina Gaillard y Ramiro Gutiérrez, los oficialistas Lisandro Almirón, Francisco Monti y Oscar Zago, además del diputado crítico Nicolás Massot.

Según trascendió, el Gobierno busca enviar una señal contundente tanto a la política como a los mercados, por lo que intentará agilizar al máximo las negociaciones y el debate en la Bicameral de los DNU, con el objetivo de que, una vez obtenido el dictamen, sea remitido rápidamente a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

En la Casa Rosada consideran que en Diputados el equilibrio de fuerzas es más parejo en comparación con el Senado, donde la situación resulta más adversa. En las últimas sesiones extraordinarias, iniciativas como la suspensión de las PASO lograron más de 160 votos, en parte gracias al respaldo de sectores vinculados al massismo. “No creemos que Massa vaya a mandar a sus diputados a boicotear un acuerdo con el FMI”, deslizaron con ironía desde el oficialismo.

El tiempo juega en contra, ya que en el Senado los libertarios cuentan con apenas seis bancas propias y alrededor de una veintena de apoyos circunstanciales. En cambio, el kirchnerismo dispone de 34 senadores y ha sumado el respaldo de figuras como el villarruelista Francisco Paoltroni, quien comenzó a votar alineado con el kirchnerismo, además de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco. En total, se trata de un bloque potencialmente mayoritario de 37 bancas sobre 72, lo que representa un desafío considerable para el oficialismo.

La decisión de avanzar con esta estrategia se tomó la semana pasada en una reunión en Casa Rosada, en la que participaron el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe Lisandro Catalán; el karinista Eduardo “Lule” Menem y el influyente Santiago Caputo.

Durante ese encuentro, los presentes coincidieron en que La Libertad Avanza contaría con al menos nueve firmas para lograr dictamen y más de 129 votos en Diputados para su aprobación. “Si logramos sacarlo rápido, va a ser una señal muy potente para los mercados. El FMI no va a poner reparos, se puede acelerar el acuerdo y podemos bajar 200 puntos básicos el riesgo país”, aseguraron fuentes oficiales.

Sin embargo, más allá de los cálculos y expectativas, el oficialismo deberá asumir las consecuencias de sus propias decisiones.