“Otro de los temas graves que debemos tratar es el caso de un Fiscal General que ejerce acoso laboral a quien piensa jurídicamente diferente y que tuvo participación como Juez en el proceso Militar”. Así anunciaba el diputado provincial Gabriel Villegas, Presidente de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el 19 de julio de este año, la investigación que realizarían acerca de la participación que podría haber tenido Federico Guillermo Nieva Woodgate durante los años de la dictadura militar.
El funcionario judicial ha quedado señalado durante el juicio que se llevó a cabo este año en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata a ex integrantes del servicio penitenciario bonaerense, en el marco de la causa “DUPUY, Abel David y otros, s/homicidio, tormentos, privación ilegal de la libertad y otros”.
Además de las condenas a los referidos acusados, el Tribunal integrado por los jueces Carlos Alberto Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, pidió de forma unánime, que “se continúe la pesquisa en relación a las autoridades militares que habrían participado en los hechos, como así también de los Jueces mencionados en las audiencias , a saber, entre otros a Federico Guillermo Nieva Woodgate”, ex Juez de la Dictadura y actual Fiscal General de Morón, quien ahora sería imputado por los delitos de lesa humanidad.
Ya en el mes de julio -y lo reitera en esta ocasión- Villegas sostuvo que “sin justicia no hay seguridad”. “¿La corporación judicial no sabía nada de esto?”, se preguntó el legislador, quien señaló además que “un año atrás, el Dr. Drochi (Juez penal de La Matanza) había acusado públicamente a Nieva Woodgate”.
“¿Lo investigaron o solicitaron su investigación? ¿Y la obligación de súper intendencia que debe ejercer dónde quedó? Son interrogantes que hoy me hago”, remarcó.
Cabe recordar además, que el 15 de marzo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires determinó la nulidad de la Resolución fechada el 13 de junio de 1977, Nº 3001-18.806/77, un expediente que dispuso “recomendar” a los diversos tribunales y jueces de la provincia “que en la tramitación de Hábeas Corpus [...] se abstengan de efectuar pedidos de informes al Estado Mayor Conjunto, relacionados con personas detenidas o desaparecidas”.
El máximo tribunal resolvió además, “realizar una investigación sobre cualquier antecedente emanado de esta Suprema Corte y la Procuración General producido durante el período comprendido entre 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con características similares al que da cuenta la presente, en los que pudo haber quedado comprometido el respeto a los principios básicos del Estado de Derecho, a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de las personas”.
“La justicia no puede tener aquellos que desde el poder judicial por omisión o por acción participaron en la comisión de estos delitos”, recalcó el titular de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados.
