Después de la aprobación en Diputados de tres proyectos clave, el oficialismo centra ahora su estrategia en el Senado para avanzar con la suspensión de las PASO. Mientras tanto, la Casa Rosada refuerza las negociaciones con los gobernadores, ofreciendo financiamiento y asistencia a las provincias. A contrarreloj, el Gobierno busca garantizar los votos antes del 20 de febrero, mientras enfrenta obstáculos para la designación de Manuel García Mansilla en la Corte Suprema.
Tras el triunfo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde lograron la aprobación de tres proyectos clave—la suspensión de las PASO, la ley de reincidencia o “puerta giratoria” y el “juicio en ausencia”—, la atención del Gobierno se traslada ahora al Senado. Allí se llevan a cabo intensas negociaciones que determinarán el futuro de estas normativas, con especial foco en la eliminación de las elecciones primarias.
Mientras el Congreso continúa debatiendo las iniciativas incluidas en la agenda de sesiones extraordinarias, en la Casa Rosada se refuerzan los contactos con los gobernadores, figuras estratégicas para destrabar el diálogo con la oposición, particularmente en la Cámara Alta.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a su vice en el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán—quien ha cobrado mayor relevancia en las últimas semanas—y el titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, han mantenido diversos encuentros con representantes provinciales en un intento de consolidar alianzas.
En estas reuniones no solo se avanzó en acuerdos sobre el financiamiento de obras en cada jurisdicción, sino que también se anunciaron inversiones y se prometió asistencia para mitigar los incendios en el sur del país.
A finales de enero, Francos y Catalán dialogaron con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respecto a los acuerdos de consolidación de deuda entre la provincia y la Nación.
Días después, en el Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete y “Toto” Caputo recibieron a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy), junto al ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán.
Este encuentro tuvo lugar justo antes de que legisladores afines a Jalil facilitaran la aprobación del dictamen que propone la suspensión de las PASO. Con media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa ahora espera ser tratada en la Cámara Alta.
Posteriormente, Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, y Claudio Vidal, de Santa Cruz, visitaron la sede del ex Ministerio del Interior, ubicada en la planta baja de Balcarce 50.
Weretilneck solicitó apoyo para combatir los incendios que afectan a gran parte del sur del país y obtuvo, además de recursos materiales, un respaldo financiero para enfrentar la crisis.
Los gobernadores desempeñan un papel clave en el Congreso, ya que pueden facilitar las negociaciones con la oposición respecto a los proyectos que el Ejecutivo impulsa en estas sesiones extraordinarias.
Su peso es aún mayor en el Senado, donde el oficialismo afrontará su desafío legislativo final cuando se definan las iniciativas aprobadas en Diputados. Algunas de ellas ya cuentan con media sanción, pero aún requieren el visto bueno de la Cámara Alta.
Mientras tanto, La Libertad Avanza sigue sin reunir el respaldo necesario para la designación de Manuel García Mansilla como juez de la Corte Suprema. Ante la falta de consenso en el Senado, el Presidente evalúa la posibilidad de nombrarlo por decreto.
Antes del 20 de febrero, cuando culmina el periodo de sesiones extraordinarias, el Gobierno deberá asegurarse los votos necesarios para convertir en ley tanto la suspensión de las PASO como la nueva versión de Ficha Limpia.
El miércoles a las 10 está prevista una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que llega al recinto con seis dictámenes. La Libertad Avanza impulsa el de mayoría, que cuenta con el respaldo del PRO y del bloque Creo, aunque enfrenta objeciones de la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
A diferencia de la iniciativa presentada en diciembre, este proyecto amplía la inhabilitación a todos los agentes de la administración pública involucrados en delitos de corrupción. Además, se incorporó un requisito adicional: una doble condena en segunda instancia, siempre que la sentencia se haya dictado antes del 31 de diciembre del año previo a las elecciones. Esta cláusula, atribuida al ministro de Defensa, Luis Petri, por pedido de Milei, busca contrarrestar las críticas de que la medida tendría un carácter proscriptivo.
