La decisión fue oficializada por la jueza Loretta Preska y se ejecutará mañana. La Corte Suprema norteamericana lo había habilitado en enero. Congeló, además, otros u$s100 millones.
Este nuevo embargo a los activos argentinos resalta la persistencia de los holdouts en su lucha por cobrar deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE. UU., refuerza la presión sobre el país en un contexto económico complicado.
A pesar de los esfuerzos por liberar los colaterales de los bonos Brady, los acreedores continúan avanzando en sus reclamos, lo que demuestra que las consecuencias del default aún persisten más de dos décadas después. Este escenario plantea nuevos desafíos para Argentina, que deberá enfrentar una disputa legal prolongada mientras busca estabilizar su economía.
