En el marco de la «profunda reorganización de las compañías» del Estado, el Ejecutivo estiró los plazos debido a «la complejidad de la tarea encomendada».
«En virtud de los fundamentos dados por el interventor, Gastón Martín, y atento a la complejidad de la tarea encomendada», el Ejecutivo desidió alargar el plazo.
La segunda decisión administrativa comprende a los medios públicos: RTA SAU, Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal y la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (ex-Télam).
Las dos primeras están desde julio bajo la intervención de Eduardo González, también a cargo de la ex-Télam ya que todavía no se designaron autoridades. Al igual que en el caso anterior, «en virtud de los fundamentos dados por el Interventor de las mencionadas sociedades, y atento a la complejidad de la tarea encomendada, resulta necesario prorrogar por el plazo de un año la intervención respecto de las sociedades aludidas«.
En julio, el Gobierno había decretado que Télam «dejaría de operar, tal como ha sido creada originalmente, en las actividades de servicios periodísticos y como agencia de noticias, justificándose las modificaciones de su objeto social en la necesidad de alinear sus operaciones con un nuevo enfoque estratégico de la sociedad para operar como Agencia de Publicidad y Propaganda».
