Desfinanciamiento en la era Milei: todos los ceros en las políticas de género
Politica
El Gobierno dejó casi en 0% los programas de apoyo para las personas en situación de violencia, no envió ni una caja de misoprostol o mifepristona a las provincias para garantizar el derecho al aborto y hasta eliminó la moratoria jubilatoria.
Este año, bajo la administración del presidente Javier Milei, las políticas de género han sufrido un desmantelamiento significativo. El gobierno ha llevado a cabo un ajuste brutal, tanto económico como simbólico, que ha impactado severamente a las mujeres y a las personas en situaciones de violencia de género. Los programas de apoyo han sido casi completamente desfinanciados, llegando a un 0% efectivo en la ejecución de iniciativas clave como el Programa Acompañar, que en 2023 asistió a 34.000 mujeres y en 2024 apenas a 400.
Milei no solo eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino que también dejó de enviar misoprostol y mifepristona a las provincias, esenciales para el ejercicio del derecho al aborto, y canceló la moratoria jubilatoria, afectando mayoritariamente a las mujeres que constituyen el 80% de los beneficiarios de esta política.
El impacto económico ha sido desproporcionado para las mujeres, quienes sufren más de la pobreza y los despidos masivos. La feminización de la pobreza se ha agudizado, y el apoyo estatal ha sido prácticamente nulo. Además, la violencia doméstica se ha incrementado en un contexto de recesión, afectando sobre todo a las mujeres jefas de hogar.
La estrategia del gobierno parece centrarse en privatizar la responsabilidad de la violencia de género, trasladando la carga de la solución a la esfera individual, lo que contrasta con los avances logrados por el movimiento feminista en los últimos años. Este retroceso en las políticas públicas de género no solo desprotege a las víctimas de violencia sino que también socava derechos fundamentales como el acceso al aborto y la protección contra la discriminación.
Para el próximo año, el panorama no parece mejorar, con planes de eliminar presupuestos para la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan Enia, evidenciando una clara intención de desmantelar aún más las estructuras de apoyo y prevención en género y diversidad sexual.
