La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo.
A través del decreto 1048/2024, el Gobierno nacional anunció la disolución de cinco fondos fiduciarios públicos. Entre ellos, se incluye el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para apoyar a las personas afectadas por este delito. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los fondos disueltos y sus irregularidades
Los fondos eliminados incluyen:
- Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE): Diseñado para financiar proyectos emprendedores, presentaba, según el Gobierno, “debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y rendiciones de cuentas deficientes”.
- Programa de Inversiones Estratégicas: Creado para fomentar empleo, fue cerrado al no registrar actividad ni avances significativos desde su implementación.
- Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata: Las auditorías señalaron “falta de un manual de procedimientos, falencias en el contrato de fideicomiso y ausencia de un sistema informático de gestión”.
- Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del Norte (PROICSA): Desde 2020, no otorgó nuevos créditos ni registró actividad.
- Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria: Acusado de irregularidades en la rendición de cuentas y problemas en la gestión administrativa.
Antecedentes de otros cierres recientes
La medida se suma a una política de disolución de fondos fiduciarios que comenzó a principios de noviembre, cuando se cerró el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS). Este fondo, cuyo capital inicial fue de USD 40 millones, había reducido su operación al 8% de ese monto, destinando la mayor parte de sus recursos a sueldos y gastos administrativos.
Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 74% de los gastos del FFCS iban a sueldos, mientras que el desarrollo de PyMES, su objetivo original, quedó relegado: “El Estado metido en el medio no hace que ni las pequeñas, ni las medianas, ni las microempresas se desarrollen”, afirmó.
Otro caso fue el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), cuya misión era impulsar la ganadería ovina. Fue cerrado por su bajo nivel de ejecución, lo que generó críticas desde sectores rurales.
Si bien el Gobierno argumenta que estas medidas son parte de un plan para optimizar recursos y reducir la burocracia, sectores sociales y políticos han cuestionado el impacto de estos cierres en áreas sensibles.
El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, en particular, cumplía un rol crucial en el acompañamiento a personas afectadas por este flagelo. Organizaciones feministas y de derechos humanos denunciaron que la disolución podría agravar la situación de vulnerabilidad de estas víctimas, al eliminar un recurso clave de ayuda estatal.
Por otro lado, economistas alineados con el oficialismo defienden estas decisiones como un paso hacia la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. “Cerrar fondos inactivos o mal administrados es necesario para sanear las cuentas y canalizar los recursos hacia objetivos más claros y efectivos”, afirmó el ministro Caputo.
La mirada política
La disolución de fondos fiduciarios se ha convertido en un emblema de la política de ajuste fiscal impulsada por la administración de Javier Milei. Sin embargo, su impacto social y económico sigue generando tensiones en diversos sectores, que exigen mayor claridad sobre cómo se reemplazarán las herramientas eliminadas.
Con críticas y respaldos divididos, el Gobierno busca avanzar en su modelo de reestructuración estatal mientras enfrenta un creciente debate sobre el equilibrio entre eficiencia económica y responsabilidad social.
