El décimo encuentro del Concejo Deliberante de San Isidro siguió con la lógica de las últimas sesiones, donde el debate prolongado ganó la escena. Esta vez, la modificación de la traza de la calle Lainez, y la desafectación del dominio público de otras dos arterias fueron los puntos más álgidos de la tarde del miércoles.

La concejal Ester Fandiño, flamante presidente del bloque Unión PRO-Convocación Ciudadana, fue la referente de la oposición que tomó la voz protagonica a la hora de argumentar en contra de los proyectos oficialistas. Silvana Oronel, de Coalición Cívica-ARI, hizo lo propio en el expediente sobre la traza de la calle Lainez. Esta vez, el vecinalista Chamatrópulos mantuvo el bajo perfil y los dardos subbrepticios del oficialismo no le apuntaron.

La Ordenanza más debatida del día refería a la modificación de la traza de la calle Lainez entre Colectora Panamericana y Eliseo Reclus, en La Horqueta. El oficialismo consiguió la aprobación por 14 votos contra 9. Oronel repasó la historia del expediente y explicó que todo se originó a partir del reclamo de un grupo de vecinos, que protestaban por la molestia ocasionada por grandes camiones y obras de construcción que se desarrollaban en el lugar. Luego de inspecciones municipales, se advirtió que había un grupo de ciudadanos que usurpó ilegalmente la calle, la cerró al libre tránsito, y construyó sobre la misma. A pesar de los llamados a regularizar la situación por parte del Ejecutivo, ningún o de esos ciudadanos acusó recibo del pedido. El señor Urtubey, el más favorecido, dueño de la más grande de esas propiedades, acercó una nueva propuesta al gobierno comunal.

“Prácticamente se hicieron un mini barrio privado”, dijo Oronel. En la salida a Panamericana también había una garita de seguridad instalada ilegalmente. Con la nueva propuesta aceptada por el oficialismo, los terrenos se venden a los vecinos y se construye una pequeña rotonda en el medio de la calle, que en uno de sus extremos queda cerrada por la propiedad del señor Urtubey.

Fandiño se quejó porque consideró que “en realidad no es una venta, sino una permuta, con lo cual se necesita una mayoría especial de dos tercios”. El peronista Cafiero mencionó que “se hace una diferencia con los más humildes. A ellos se los desaloja violentamente, y a los más pudientes se les vende el terreno, aun cuando lo ocupan ilegalmente”. Toda la oposición adhirió a los argumentos vertidos. En contrapartida, el alfil oficialista Carlos Castellano opinó que se trata de una “operación de compra-venta” y que el “proceso es transparente”.

A continuación llegó otro expediente discutido y también relacionado con La Horqueta, a través del cual se aprobó una Ordenanza para entregar en comodato un automóvil marca Ford a la Junta Vecinal del barrio. Esta misma asociación ya había sido beneficiada con la entrega de una camioneta a fines del año pasado, para la que reciben un subsidio de mantención por parte del estado que ronda los 15 mil pesos.

Hilding Ohlsson se expresó en contra. Dijo que su padre pertenece a esa Junta Vecinal pero que desde su bloque no podían avalar el uso discrecional de fondos y que la iniciativa formaba parte de una “cadena de favores”. Aquí también hubo menciones al trato desigual con agrupaciones vecinales, que no reciben subsidios ni facilidades municipales. La votación fue aprobada con las 14 manos oficialistas.

La polémica se extendió hasta el final, cuando se aprobaron dos ordenanzas para desafectar del dominio público municipal al área correspondiente a la calle Rosario de Santa Fé, desde la Línea Municipal Noroeste de la calle Lavallol hasta a Línea Municipal Sudoeste de la calle Juan Bautista La Salle; y el tramo de la calle Héroes de Malvinas, entre Juan Bautista La Salle y vías del Tren de la Costa. En ambas oportunidades hubo sendos despachos de minoría para suspender el proceso que no alcanzaron las manos suficientes. Aquí, la concejal Fandiño reflotó su habitual reclamo de pedir una estrategia de planificación urbana para el distrito.

El dato positivo de la jornada se produjo con la creación de una Comisión Ad Hoc para el estudio y propuesta de la realización de la Ciudad Judicial del Departamento Judicial de San Isidro, en Boulogne. Es un proyecto presentado por el bloque Unión PRO-Convocación Ciudadana, que consiguió consenso en las comisiones parlamentarias.

El lugar elegido es el predio ubicado entre las calles Gurruchaga, Bernardo de Irigoyen, Ruta Panamericana y Figueroa Alcorta. El objetivo es trasladar allí las dependencias judiciales que actualmente se encuentran dispersas dentro del ejido urbano del distrito de San Isidro. El plan contempla los gastos de posesión, del concurso de anteproyecto, en una segunda etapa la construcción de 18.200 m2 y una etapa final para construir otros 21.000 m2.

La Comisión ad hoc estará integrada por la Comisión de Medio Ambiente y Seguridad del deliberativo, dos representantes del departamento Ejecutivo, un representante del Foro Municipal de Seguridad, invitándose integrar la misma a un representante del Colegio de Abogados de San isidro, otro del Colegio de Arquitectos de San Isidro, un representante del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Social de la Provincia de Buenos Aires, un representante de la Cámara de Industria y Comercio de San Isidro, un representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense y otras instituciones que acrediten conocimientos técnicos en materia urbanística y/o ambiental.

Los objetivos fijados son los de: colaborar con las autoridades provinciales para el efectivo traslado de las dependencias judiciales; brindar propuestas y acciones tendientes a colaborar en la elaboración del Plan Maestro; estudiar el Plan de Infraestructura edilicia presentado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense; proponer la realización de estudios de impacto ambiental; consultar a universidades, asociaciones profesionales y expertos en la materia; compilar y evaluar antecedentes exitosos del orden nacional e internacional.

Además, en el final se aprobó sobre tablas el repudio a la agresión sufrida por un dirigente político en Moreno.

Entre los proyectos ingresados al recinto para próximo tratamiento en Comisión se encuentra la Creación de una Audiencia Pública, de Coalición Cívica-ARI; un pedido de informes sobre los motivos por los cuales se suspendió la 4ta. Maratón por la Seguridad Vial, del Partido Justicialista; la modificación del Código de Ordenamiento Urbano y la creación del Defensor del Pueblo del Municipio, de Unión PRO-Convocación Ciudadana.