El pasado miércoles 12 de junio, en el Congreso, los senadores nacionales aprobaron la Ley Bases con algunas modificaciones, mientras en el recinto se debatía en la calle la policía reprimió a los manifestantes que se acercaron al parlamento e incluso llegaron a detener a por lo menos 33 personas. A 20 días de aquella movilización, cinco personas siguen privadas de su libertad.

Bajo la figura de «intimidación pública», la justicia justificó la decisión de mantener presas a estas cinco personas. La fiscal Servini de Cubría dictó «falta de merito» en 28 de los 33 casos iniciales, donde en la mayoría de los casos, la justificación para el arresto nace de las actas policiales que indican: «tiró piedras», «le pegó a un agente», entre otras cosas, sin embargo estas no se pueden probar por cámaras o testigos.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que en su gran mayoría, de los detenidos muchos ni siquiera estaban en el Congreso por la manifestación sino que eran simples transeúntes, o personas en situación de calle. Daniela Calarco, Facundo Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz, son los presos que hace 20 días están en el penal de Ezeiza a la espera de una resolución que los libere, con las denegaciones de excarcelaciones y prisiones preventivas apeladas, a partir del martes podría haber novedades.

Stornelli, fiscal de la causa, pidió aumentar el monto de los embargos que había fijado el juzgado en 500.000 pesos para las cinco personas que siguen presas. Además de apelar 7 de las 33 causas para que les den prisión preventiva.

Al respecto, uno de los abogados defensores habló con Pagina 12, donde declaró: «Al principio no había nada de prueba documental, solo relatos de policías. Ahora hay fotos y videos, una captura de pantalla de una cámara de TN que se hizo viral, que muestra que se prenden unos papeles, viene un viejito y los apaga, así de grave fue. Tampoco hay nada secuestrado, es todo insostenible», plantea Vázquez, defensor de Calarco.

«Está fortalecida, está bien, se siente acompañada. La visitan sus compañeras, su pareja, la llaman las ex detenidas que estuvieron con ella. Hay mucho apoyo de organismos, mucha presencia, ayer la visitó María Máximo, responsable del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Hubo mucha solidaridad, juntamos 78 mil firmas, se presentó un amicus curiae encabezado por Pérez Esquivel, el Serpaj, Amnesty Internacional. Es una situación muy dura e injusta pero ella la asume con ánimo militante», añadió al respecto