Por Martín Nigro

El despacho de la Intendenta interina de José C. Paz, María Luisa Geiszer, fue el lugar elegido para dar a conocer a los medios de comunicación sobre un hecho delictivo ocurrido el martes, en el que nueve personas fueron acusadas de lucrar con las casitas que se están construyendo con el Plan Federal de Viviendas.

La conferencia de prensa estuvo integrada por el secretario de Gobierno, el director de Legales, el presidente del HCD y por el director de Seguridad, entre otros.

El hecho concreto que dieron a conocer sucedió en el barrio San Gabriel donde se están construyendo casas provenientes del Plan Federal de Viviendas, en el que un grupo de personas aparentemente habrían pedido dinero a los vecinos para escriturar las viviendas, situación que desde el municipio dijeron que es ilegal, ya que el trámite es gratuito.

El conocimiento del hecho se dio luego de que algunas de las personas perjudicadas tras una discusión con los sospechosos, se comunicaron con Defensa Civil a través del 113, información que llegó a la Intendenta Geiszer; entonces se envió al secretario de Ejecutora quien se acercó al lugar con el director de Defensa Civil; luego dieron aviso a la Comisaría 1ª, se presentó el personal policial y se llevó adelante el procedimiento en el que fueron detenidas nueve personas.

Uno de los detenidos dice ser abogado del Colegio de Abogados de San Isidro, aunque no trascendió el nombre por el secreto de sumario. “Tenemos algunos datos por lo que estamos investigando dicha situación a raíz de los comentarios hechos por la gente que sostienen que les estaban cobrado un equis cantidad de dinero”, sostuvo el director de Legales y agregó: “Ahora están aclarando su situación procesal dentro de la causa y también estamos averiguando que esta persona extendía un recibo por el dinero que percibía”.

El municipio ya ha hecho la denuncia correspondiente e interviene en el caso la UFI Nº 9 a cargo de la fiscal Maico. Cabe destacar que si bien “son varias” las personas que fueron estafadas, no han podido precisar cuantas fueron aún, y el caso podría tratarse como una asociación ilícita.

En José C. Paz existen más de siete mil viviendas construidas con el mencionado plan, y los detenidos le habrían exigido 400 pesos a la gente del barrio San Gabriel para escriturar. Según Geiszer, el municipio realiza relevamientos en cada barrio y cuando detectan un hecho irregular lo denuncian. También remarcó que por el momento se desconoce si está involucrado algún funcionario local, pero fue categórica: “Si dentro del municipio hay funcionarios corruptos tendrán que ir presos”.

Asimismo, aclaró que una vez adjudicada la vivienda al beneficiario se le da un plazo estimativo para que se mude allí; tras la mudanza se hace un relevamiento, a través de las asistentes sociales, y se corrobora que el adjudicatario está morando en esa vivienda. En caso contrario, es decir que la identidad de la persona no coincida con la del propietario de la vivienda, se comienza una investigación. “El adjudicatario tiene derechos adquiridos y es él el que tiene que defender su vivienda. Además, se le hace firmar una declaración jurada en la que no puede ni ceder, ni vender, ni alquilar la vivienda”, explicó Geiszer.

Consultada sobre si han tenido casos en los que los moradores no eran los dueños legales de la casa, Geiszer aseguró que sí y que realizaron la denuncia en la Justicia, porque “las viviendas no son para lucrar” sino “para personas que realmente las necesitan”.