Iba a pasar; tarde o temprano: la gestión de Javier Milei recibió su primera denuncia por corrupción.  Se trata de presuntas irregularidades en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la empresa estatal Corredores Viales S. A., en torno a la prórroga del contrato de concesión por peaje del Corredor Vial 18, vencidos desde 2002 según el pliego original. Ese tramo comprende la situación del Puente Rosario – Victoria y las rutas nacionales 12 y 14 en forma completa.

En la actualidad, ambas áreas dependen del Ministerio de Economía de Nación, a cargo de Luis Caputo, donde las sospechas recaen directamente en la cartera por haber prorrogado un contrato vencido en 2002. De hecho, quedó radicada una denuncia en los juzgados federales de Comodoro Py, en la que intervendrá el Juez Julián Ercolini.

La misma fue efectuada por Jorge Zatloukal en su calidad de ciudadano, quien además integra el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).

En la presentación se plantea un perjuicio millonario para el Estado, en la medida que será la empresa Caminos del Río Uruguay S. A. la que continuará cobrando peaje en las estratégicas Rutas Nacionales 12 y 14, y en la conexión física Rosario – Victoria, claves para el intercambio comercial con el MERCOSUR.

Zatloukal precisa en la denuncia que «la prórroga fue aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, del pasado 8 de abril firmada un día antes que venciera el contrato», cuestionando asimismo que como único argumento se esbozó que no existen operadores y que se llegó a esa conclusión sin haber llamado antes a una licitación pública.

En tanto, sostiene que la empresa estatal Corredores Viales S. A. injustificadamente no se hiciera cargo de la continuidad de la concesión y del cobro de peaje, ya hacerse cargo de las concesiones que se le confieran, no es materia de consulta, sino una de las obligaciones irrenunciables que emergen del estatuto de la empresa, creada en 2017 por decreto 794.

A su vez, Zatloukal afirmó: «nos encontraríamos frente a una maniobra tendiente a beneficiar a la empresa concesionaria, con una sospecha demora en licitar, este accionar es contrario a la transparencia que debe regir las contrataciones públicas y la continuidad del monopolio, contradice el discurso oficial de libre mercado ya que también existiría una violación a la ley de Defensa de la competencia, ya que con la prórroga se restringió la libre concurrencia», concluyó.