La Argentina continúa sintiendo el sacudón que provocó el anuncio del mega DNU que tira por tierra la protección de los derechos laborales, la salud y la educación. Los cacerolazos espontáneos continúan en Buenos Aires y en diferentes puntos del país con movilizaciones hacia el Congreso para expresar el rechazo de una buena parte de la sociedad.

Como el DNU no especifica concretamente la fecha de entrada en vigencia, lo hará a partir del octavo día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir desde el día de ayer. Asimismo, en un plazo de 10 días, la iniciativa deberá ser enviada a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso, un organismo integrado por ocho diputados y ocho senadores que debe emitir un dictamen sobre el fondo y la forma del decreto que, luego, deberá ser analizado por ambas cámaras.

Apenas concluyó el presidente Javier Milei de mencionar solo 30 de los más de 360 artículos que comprende el DNU, las expresiones de indignación y oposición por parte de un sector de la política no tardaron en aparecer. No fue solo el peronismo (que incluyó legisladores y gobernadores), también expresó su oposición la UCR, el sector que responde a Horacio Rodríguez Larreta del PRO, la Coalición Cívica, el excandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto, los partidos de izquierda y también el sindicalismo. La CGT se apresuró en organizar una reunión de su consejo directivo para proyectar para el próximo miércoles 27 una gran concentración frente a los Tribunales de Plaza Lavalle. Héctor Daer y Pablo Moyano aseguran que se trata de un plan de lucha que terminarán de delinear el día siguiente. «El objetivo es voltear el DNU y eso va a terminar pasando«, prometió Daer.

En cuanto a la convocatoria a un paro general por parte de los sindicalistas continúa en tratativas. ¿El objetivo? Rechazar y anular el DNU del gobierno libertario.

Mientras tanto las calles se hacen oír. En el día de ayer, alrededor del Congreso, en diferente barrios porteños, incluso en aquellos de alto poder adquisitivo; en Córdoba y en la ciudad de Rosario los cacerolazos continuaron. El malestar contra el decreto continúa creciendo a medida que el resto de los artículos que el presidente no mencionó durante la cadena nacional van saliendo a la luz, incluso votantes de La Libertad Avanza reclaman que ese DNU no se apruebe.

Durante ese tiempo, las fuerzas políticas con representación parlamentaria estuvieron toda la mañana estudiando el texto del DNU de Milei. La mayoría coincidió en que el decreto tiene más chances de ser rechazado que de ser aprobado. Esto incluyó a dirigentes de sectores del radicalismo, como el diputado Martín Tetaz, que consideró que hay ítems dentro del DNU con el que acuerda pero que así como está, en el formato DNU, no puede ser aprobado. Asimismo, Martín Lousteau definió al DNU como «inválido» y le recomendó al Presidente que sea reemplazado «por una ley que se vote por capítulos» durante el período de sesiones extraordinarias para darle «tratamiento urgente».

Gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro reconoció que el decreto tiene «iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar«, pero advirtió que hay «otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos».

En el caso de Pichetto, le señaló a Milei que «esto es una República. El Presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso» y en ese sentido le reclamó que las reformas que incluye el DNU sean enviadas con el formato de proyectos de ley. Larreta, en la misma línea, afirmó: «Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto».

Por el lado del peronismo opositor, el diputado y presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, después de reunirse con dirigentes de la CGT y también con las dos CTA, dijo que «Nuestro bloque va a articular todas las acciones necesarias para que el Congreso rechace el DNU».

En el mismo sentido se manifestaron reconocidos abogados constitucionalistas. Uno de ellos fue Daniel Sabsay, quien pese a afirmar que apoya al presidente y que lo votó en las últimas elecciones, advirtió sobre la ilegalidad del DNU. “El presidente no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan el procedimiento normal de sanción de leyes, y excluye cuatro materias que nunca pueden ser objeto de DNU: la penal, la fiscal, partidos políticos y electoral. Ahora bien, la Corte Suprema ya tiene dicho cuáles son esas circunstancias excepcionales. O bien un fenómeno súbito de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, o bien una situación tan grave de la economía que requiere de una medida rápida de parte de un poder que está siempre reunido, que es el Ejecutivo, que es evitar a través de un mal menor, un mal mayor”, explicó.

A continuación, afirmó: “Si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este DNU, no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido en materia fiscal, el Código Aduanero, que son los impuestos exteriores a la exportación. Si bien dicen que es una parte, que es procedimental, un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero, se lo destroza”.

“Entonces, en este marco es que yo digo que es lamentable que, más allá de que creamos en la libertad de comercio, en la necesidad de desregulaciones, de esta manera no”, advirtió.

En el mismo sentido se expresó Andrés Gil Domíguez, quien en su cuenta de X explicó por qué el DNU no es constitucional:

“La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder Legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial resuelve casos. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable porque viola la división de poderes tal como lo expresa el art. 99 de la Constitución. En otras palabras, si lo hace, la norma legislativa se considera inexistente”, escribió el abogado.

“El DNU 70/2023 es un claro intento de suma del poder público, no acredita una situación de emergencia objetiva, solo una necesidad de imponer un proyecto político, el Congreso puede funcionar y debatir los temas, afecta la división de poderes y es contrario a la República”, concluyó.

La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder judicial resuelve casos. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos.

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 21, 2023

Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista también, aseguró que no es legal el DNU dictado por el Gobierno. “Lo que es más grave es que la dimensión que tiene este megadecreto constituye un golpe de Estado Constitucional porque vacía de facultades y usurpa las atribuciones que el texto constitucional discierne en favor del Poder Legislativo, que es el primero de los tres poderes del Gobierno federal que regula la Constitución. El Congreso es el que representa mejor el mapa político del país”, advirtió.

Por su parte, Félix Lonigro, otro reconocido constitucionalista, dijo que el decreto podría llegar a ser constitucional, aunque lo tildó de “institucionalmente inmoral”.

“El DNU es constitucional en cuanto a que el presidente tiene la potestad de ejercer atribuciones legislativas. Lo que podemos discutir es si hay efectiva necesidad y urgencia. Esa es otra cuestión, porque si no las hubiera, nos faltarían otros de los requisitos. El presidente tiene motivos para pensar que existe necesidad y urgencia. Hay otra cuestión, ¿se puede plantear la inconstitucionalidad porque son muchos temas en un solo DNU? Bueno, en todo caso no es la inconstitucionalidad, es la ilegalidad, aunque tampoco habría ilegalidad porque, ¿qué ley está violando? No diría que es inconstitucional ni que es ilegal esto de que en una sola norma haya tantos temas. Yo diría que sería institucionalmente inmoral”, sostuvo.

Por el momento, el oficialismo ya conformó la comisión encargada de estudiar el decreto y emitir un dictamen. En tiempos de sesiones extraordinarias, solo la voluntad del Poder Ejecutivo puede lograr, a través de un decreto, que el DNU sea enviado para ser tratado por ambas Cámaras.

En ese mismo sentido, la estrategia de la CGT tiene tres partes. Una es la legal y por eso el miércoles acompañarán las presentaciones judiciales y recursos de amparo. Luego está la parte legislativa y que se expresó en la reunión con el bloque de diputados de UxP que ahora ampliarán a los bloques opositores que manifestaron su rechazo al DNU.

Por último, la lucha gremial será clave para frenar el DNU. Durante la reunión que se hizo en la sede de la Uocra, el ferroviario Omar Maturano propuso la convocatoria a un paro general. En la misma línea se expresaron los gremios de la Corriente Federal de los Trabajadores. La propuesta no fue rechazada pero se optó primero por la movilización frente a los Tribunales de la calle Talcahuano. El jueves 28 organizarán el confederal para afinar el plan de lucha donde, como reconoció Daer, está la posibilidad del paro nacional.

Los cacerolazos que comenzaron a reproducirse en diferentes ciudades del país son un gran propulsor para los dirigentes a la hora de tomar decisiones. Los miembros del triunvirato reconocieron que los sorprendió para bien esta expresión popular de repudio a la maniobra del gobierno nacional. En confianza, alguno de los dirigentes que participaron de la reunión, dijeron que el cacerolazo ayuda a tomar la decisión de llamar al paro nacional.