La presentación sostiene: «Habiendo tomado conocimiento de que se habrían llevado adelante acciones de inteligencia prohibida contra mi persona y que estos hechos son materia de investigación en las presentes actuaciones, vengo a solicitar se me informe si aquella información resulta veraz y se me permita tener acceso a la documentación referida, a los efectos de poder ejercer mis derechos procesales como particular damnificado».

El pedido fue presentado ante el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, y se suma al extenso listado de personas que ya pidieron ser tenidas en cuenta como parte querellante en este expediente. Entre ellos, se encuentra el ministro de Gobierno Eduardo Wado de Pedro y el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa.

La investigación sobre una supuesta red de espionaje ilegal comenzó con la hipótesis de la “posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.

Aquella estructura delictiva funcionó con dos eslabones indispensables: uno, Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de Misiones que admitió haber hackeado el celular de jueces federales que investigaron a Cristina Kirchner. El otro, Ariel Zanchetta, el ex policía de Policía Federal que según determinó la fiscalía desde 2009 y hasta 2015 funcionó como un agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y desde entonces hasta su detención, en junio de este año, se dedicó a realizar tareas de inteligencia ilegal.

Cuando se analizaron parte de los 1.196 informes de inteligencia ilegal que Zanchetta tenía en su casa de la ciudad bonaerense de Junín, como los dispositivos electrónicos que le secuestraron a Nuñes Pinheiro, la justicia federal buscó la conexión entre ambos y una de sus primeras conclusiones fue que tuvieron un objetivo común: los jueces federales que investigaron a la vicepresidenta y los miembros de la Corte Suprema.

Esa red de espionaje ilegal fue más allá de los integrantes del Poder Judicial. Así lo dijo el fiscal Gerardo Pollicita: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas (como) políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.

Para llevar a cabo esa actividad, Zanchetta obtuvo información proveniente de bancos de datos con acceso restringido de organismos públicos -como la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor-, para lo cual contaba con usuarios y claves de acceso.