El Fiscal General de Bahía Blanca, Hugo Cañón, aseguró que si bien Argentina firmó el protocolo contra la tortura, en la Provincia aún "no se han instrumentado los controles”.
El también miembro de la Comisión por la Memoria indicó que los presos son un sector “marginado, pobre y sin posibilidad a reclamo que padecen una forma de manejo de poder interno. Son sometidos a ser colaboradores o pasan a ser sancionados e inclusive algunos internos tienen permiso para utilizar facas a manera de policía interna”.
El Fiscal General Hugo Cañón explicó que existen pruebas de esas certificaciones, “pero hay una impunidad absoluta porque existe un sistema que no permite que llegue la justicia ni en las medidas preventivas. En ese sentido, manifestó que no se tiene información de lo que sucede en los penales “porque es difícil que la mirada pública llegue al ámbito interno de las cárceles”.
“Hay un desprecio evidente por la vida y son depósitos de carne humana. Incluso no están adaptados los lugares de detención para que las mujeres estén con sus hijos y ni hay ambulancias pediátricas”, agregó.
