Patricia Bullrich propuso registrar las conversaciones entre personas privadas de la libertad y sus abogados. “Cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás su conversación con su defensa”, repitió varias veces durante una entrevista con Alejandro Fantino. La presidenta del PRO incluso dijo que esas grabaciones podrían almacenarse preventivamente para investigar delitos futuros.

En diálogo con LaNoticiaWeb en Radio Urbana BA, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez repudió la propuesta de la candidata macrista y la tildó de impracticable.

“Nuestra Constitución, los tratados de DD.HH, las leyes que regulan el ejercicio en las provincias, una acordada de la Corte Suprema, son claros y precisos en que la defensa es innegable. Un abogado, con su cliente, debe tener confidencialidad, secreto profesional, sobre todo cuando está privado de su libertad. Cualquier tipo de intromisión es inválida”, afirmó el abogado.

Y agregó: “Uno de sus derechos es comunicarse con sus familiares, con sus allegados y aún con su abogado a través de un teléfono público. Es razonable. Otra cosa es darle libertad absoluta, que tengan celulares, y que generen nuevos delitos y atenten contra personas”.

Eso sucede, pero son discusiones distintas.

Totalmente. Bullrich tendría que reflexionar y darse cuenta que su propuesta es inconstitucional y que viola los tratados de DD.HH..

A la tarde siguiente, Bullrich aclaró que sería “siempre bajo la orden de un juez. En los casos de narcotraficantes que cometen delitos en las cárceles, como es un delito constante, un juez puede dar la orden de hacer grabaciones y, cuando sucede el delito, utilizarlo. Pero siempre bajo las órdenes de un juez”.

Si es bajo la orden de un juez, ella no lo puede hacer como política de Estado a desarrollar. Lo hace el Poder Judicial, no el Ejecutivo. Un juez puede dar una orden de esas características cuando existan indicios fehacientes de que un abogado, además de ejercer la profesión, esté cometiendo un delito. Un juez no puede interferir o mandar a interferir en las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Mucho menos grabarla. Un juez podría, a pedido de un fiscal, ordenar que se intercepten las llamadas de un abogado porque está siendo imputado o investigado por un delito. Pero nunca un juez podría mandar a grabar las conversaciones de un abogado y su defendido. Son dos cosas distintas.

Vale decirle “no aclares que oscurece”.

De alguna forma tiene que salir, pero trata de confundir. Tiene que decir que se confundió, que lo habló con sus asesores, y decir que apuesta a reforzar la seguridad, combatir el crimen y a los narcos. Así saldría de otra forma.

Te pregunto por los dichos de Milei en el debate sobre los desaparecidos. En Alemania, si estas cosas suceden, este tipo de personas pueden llegar a ir presos. En el marco de la libertad de expresión que pregona la Constitución, ¿qué se puede decir de lo que dijo Milei?

Primero que es repudiable. Segundo que es mentiroso. Y tercero que es peligroso para el sistema constitucional. En nuestra Constitución tenemos tratados sobre DD.HH. y que fijan claramente el alcance de los delitos de lesa humanidad. Nadie puede acusar de marxista a la comisión interamericana. Ahí claramente quedó aprobado y demostrado el plan sistemático de terrorismo estatal de desapareción, tortura, muerte y apropiación de niños. Es repudiable. Milei pasó del negacionismo a la reivindicación. Una cosa es negar que algo haya ocurrido. Y otra cosa es reconocerlo. Tenemos un marco de libertad de expresión muy amplio, que protege y tutela todas las expresiones, aun estas que son tan desagradables. Y hoy las dice alguien que potencialmente puede ser presidente.

Y lo dice en un debate público.

Si en el ejercicio de la Presidencia intenta, a través de los instrumentos jurídicos, alguna medida que implique reivindicar el terrorismo de Estado, hay mecanismos institucionales para operativizar un juicio político.