El grupo Clarín perderá parte de sus privilegios, que pasarán a manos de Telefónica o Telecom, cuyas prácticas monopólicas, predatorias, antidemocráticas y anticompetitivas son tan abusivas como las que desarrolla Clarín.

Clarín es un monopolio informativo, cabeza de la oposición sojera al gobierno. Rechazamos las pretensiones del multimedio de convertirse en el adalid de la libertad de expresión. En Canal 13, ejerce una dictadura que desconoce a la organización gremial interna de los trabajadores de prensa y despide en forma salvaje a dos delegados a los cuales les niega el reingreso decidido por la justicia, mientras en la redacción de Clarín la sistemática represión a cualquier intento de organización sindical es su garantía para continuar con el trabajo en negro, el abuso hacia los pasantes y el congelamiento salarial. Lo mismo le cabe a C5N, La Nación, etc.

El proyecto no incentiva la adopción de una nueva tecnología sino que pretende determinar quién será el que hará negocios con ella.

Así, la libertad de prensa y de expresión no dejarán de ser, a pesar de lo que diga la Presidenta y la crítica de la oposición sojera, la libertad de empresa y de presión que hasta ahora han ejercido con impunidad las grandes patronales de la comunicación.

En este proyecto de ley están ausentes los intereses de la población trabajadora. Para ella, la libertad de expresión y el derecho a la información seguirá limitada a lo que un puñado de patronales considere que es su ejercicio.

Ni la elaboración de los contenidos, ni su distribución ni sus precios estarán en sus manos. El proyecto de ley sigue la línea de las leyes anteriores, que buscan oyentes y televidentes cautivos.

Tampoco están presentes los intereses de los trabajadores de prensa. No hay una sola mención al Estatuto del Periodista. El Gobierno de los techos salariales, el trabajo en negro y los subsidios a las patronales que vacían empresas y fugan capitales, se cuida de mencionarlo porque es un arma de los trabajadores de prensa en su lucha por el salario y las condiciones de trabajo.

Rechazamos que cualquier intención democratizadora de la comunicación social pueda provenir de un gobierno que, además, sometió a la agencia Télam a un proceso de censura y regimentación, persecución y represión de los reclamos laborales que no tiene precedentes en los gobiernos posteriores a la dictadura militar. En Radio Nacional, las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos suspendieron por 30 días a un grupo de trabajadores que participó de un paro. Sobre ellos todavía pende la amenaza de ir a la cárcel, porque la patronal pretendió imputarles la comisión de un delito federal radicando una denuncia en el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la misma que se hizo famosa por querer censurar a Tato Bores, en los demonizados “90”.

Sin embargo, la dirección de la Utpba, dijo que “saluda y acompaña el envío” del proyecto. Pero nunca consultó a sus afiliados ni propuso ninguna asamblea ni mecanismo democrático en el sindicato o los lugares de trabajo para conocer la opinión de sus representados.

La Naranja de Prensa, advierte que somos los trabajadores los que siempre hemos pagado los platos rotos de cualquier cercenamiento de la libertad de expresión que pueda disponerse tomando como excusa una disputa de poder entre patronales rivales.

Por todo esto, rechazamos este proyecto y llamamos a la población trabajadora, en particular al gremio de prensa, a impugnarlo.

Impulsamos la convocatoria a un Congreso Nacional de trabajadores de prensa y medios audiovisuales en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones y por un verdadero plan de comunicaciones al servicio de las mayorías nacionales que garantice el acceso igualitario y democrático a los medios.

Por la defensa irrestricta del Estatuto del periodista y de los convenios de todas las empresas de comunicación, plenos derechos sindicales, de organización y agremiación, reconocimiento de todas las comisiones internas, elección de delegados en todas las empresas periodísticas.

Por La Naranja de Prensa