En estos 12 años es notorio como la problemática ambiental ha ganado espacio en la agenda pública y, ahora sí, los vecinos de la Ciudad son convocados para debatir los contenidos del código, que hoy sigue siendo apenas una expresión de deseos en el artículo 81 de la Constitución local.

El proceso participativo de elaboración del código tendrá su punto culminante en el primer semestre de este año, cuando se hagan los talleres de trabajo abiertos, en los que podrán tomar parte desde organizaciones especializadas en temas ambientales, hasta asociaciones vecinales y personas individuales. Los talleres estarán divididos en áreas temáticas. Algunas de ellas serán contaminación acústica, del aire, del agua, residuos, campos electromagnéticos (antenas), evaluación de impacto ambiental, energía, control de las plagas, ordenamiento territorial y acceso a la información ambiental, entre otras.

Tanto el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, como la titular de la nueva Agencia Ambiental de la Ciudad, Graciela Gerola, confirmaron a Clarín que el gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar con el proceso de elaboración del código, que arrancó durante la gestión de Jorge Telerman. En la conducción del debate está la Legislatura de la Ciudad -que debe, en última instancia, convertir al código en ley, en un procedimiento de doble lectura- y la asistencia técnica quedó a cargo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La etapa participativa, que comienza ahora, será monitoreada por otras ONGs: Poder Ciudadano, Asociación por los Derechos Civiles y CIPPECC.

"Queremos hacer un código en serio, en el que estén todos los temas ambientales de la Ciudad, y pensamos en un instrumento que sea muy dinámico. Con los problemas que existen en Buenos Aires, estamos convencidos de que la Legislatura tendrá que modificarlo constantemente. El Poder Ejecutivo va a tener una participación muy activa en la discusión", prometió Gerola.

La redacción de un código ambiental representa una experiencia todavía novedosa en la Argentina, si bien ha habido alguno que otro intento, por ejemplo en Córdoba, que todavía no se plasmó en una ley. El año pasado, en la primera etapa del proceso, se analizaron experiencias de países que ya cuentan con un código ambiental a nivel nacional, como Francia y Colombia.

El objetivo no solamente es recopilar en un solo texto todas las normas ambientales dispersas en distintas ordenanzas y leyes, sino también mejorar lo que hoy está vigente.

María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN, dice que "hay que avanzar en la normativa de evaluación de impacto ambiental. En un tema central para la Ciudad de Buenos Aires, como el avance desenfrenado de la construcción en determinados barrios, las carencias son evidentes. La ley hoy exige un estudio de impacto ambiental antes de que se haga una torre, pero no están contempladas evaluaciones de impacto acumulado que tendría para los vecinos y para el barrio que, por ejemplo, se construya una torre acá, otra en la cuadra siguiente y una tercera a la vuelta".

La Constitución de la Ciudad tiene un capítulo entero, el cuarto dedicado al ambiente, que la declara "territorio no nuclear", y fija, entre otras, las obligaciones de preservar e incrementar los espacios verdes, de proteger las áreas costeras del Río de La Plata y el Riachuelo y de usar racionalmente la energía. Esas son algunas de las líneas en las que debería profundizar el código ambiental, que, luego de los talleres participativos, sería sometido a votación en la Legislatura el año próximo.