El concejal del justicialismo Alejandro Keck afrontará el próximo 19 de octubre un juicio oral en su contra, acusado por manejo político de los planes Jefes de Hogar cuando fuera director de Empleo durante la gestión de Graciela Camaño en el Ministerio de Trabajo durante la presidencia de Eduardo Duhalde. EL ex dirigente de la Ucedé fue director de Empleo de la Nación hasta el 25 de mayo de 2003, y en ese entonces era precandidato a Intendente con el apoyo de la diputada, quien después lo ubicó como concejal en la lista de Bustos al igual que a la kirchnerista Liliana Liberatore.

El juicio oral se llevará en el Juzgado Federal Nº 1 de los Tribunales de San Martín por un supuesto caso de clientelismo político en el manejo del plan Jefes y Jefas de Hogar, el programa de asistencia social lanzado por Duhalde en el peor momento de la crisis, causa elevada a juicio oral el año pasado.

Keck está acusado de haber hecho un manejo político de los planes, es decir anotar en el programa en forma ilegal a 12.088 vecinos de San Martín con el objetivo de juntar votos para una elección interna del PJ que iba a hacerse en 2003, luego suspendida por un acuerdo de unidad.

La fecha de comienzo de juicio oral tan cercana a las elecciones, presupone que, una vez más, el Intendente Ivoskus hará uso político del mismo como otras veces lo ha hecho con causas relacionadas con casos de corrupción donde esté implicado algún dirigente del Justicialismo.

Esta vez se trata de un dirigente vinculado en ese momento a Camaño, una dirigente histórica del PJ, que ahora decidió apoyar la candidatura de Gabriel Katopodis, principal contendiente de Ivoskus en las elecciones del próximo 28 de octubre. La paradoja es que la diputada integrará la misma boleta que Ivoskus en la sábana kirchnerista, en la boleta de DIPUTADOS, puesto que la esposa del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo se apresta a ocupar una banca en el Congreso por cuarta vez.

LaNoticiaWeb se comunicó telefónicamente con el edil justicialista, ahora en Compromiso K, quien señaló que no va a hacer declaraciones hasta la fecha del juicio oral.

PROCESADO COMO PARTÍCIPE DE DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, el fiscal de San Martín Jorge Sica describió en detalle al diario La Nación, la maniobra que se atribuye al ex director de Empleo, por la que está procesado como partícipe de defraudación contra la administración pública, un delito que prevé una pena de hasta seis años de cárcel. Según ese documento, Keck anotó a los beneficiarios luego de la fecha del cierre de inscripción del programa, el 17 de mayo de 2002, y directamente en el Ministerio de Trabajo, cuando la normativa del plan establecía que los municipios eran los únicos habilitados para inscribir a los aspirantes.

Esa irregularidad fue descubierta por la directora de Empleo de la municipalidad de San Martín, Ana María Giosa (funcionaria de Ricardo Ivoskus y testigo en el Juicio Oral como Rubén Eslaiman, en ese entonces funcionario de Felipe Solá), que en 2003 advirtió a las autoridades nacionales que de los 29.500 beneficiarios del programa que había en el partido sólo 16.000 habían completado su inscripción en dependencias del municipio.

La NO personalización de los planes al inicio de esta etapa, permitió a dirigentes políticos e incluso gobernadores, manejar el dinero de los mismos indiscrecionalmente, porque se podía cobrar ese dinero por el ya famoso “APODERAMIENTO” y distribuirlo o no, a supuestos destinatarios sin rendir cuenta ninguna.

A ese dato se agregan los testimonios de los responsables de dos organizaciones civiles de San Martín y de cuatro beneficiarias del plan que acusaron a Keck de haber tramitado inscripciones en marzo de 2003 a cambio de que votaran por él en los comicios partidarios que se avecinaban. "Keck le dijo a la gente que él podía otorgar planes Jefes de Hogar a cambio de que lo votaran en la elección interna", dijo ante la Justicia Salvador Imbrogiano, presidente de la Unión Vecinal de Billinghurst.

Por su parte, la desocupada Irma Mansilla declaró que en un encuentro partidario en la asociación vecinal Felipe Vallese, Keck habló sobre su candidatura a intendente y dijo a los presentes "que votaran por él y que él podía dar planes Jefes de Hogar y mantener la continuidad a quienes ya recibían el beneficio".

En su momento Keck se negó a declarar ante la Justicia y presentó un descargo por escrito. Allí negó las imputaciones y atribuyó todo a una maniobra política.

Al requerir la elevación de la causa a juicio, el fiscal Sica destacó la declaración del actual secretario de Empleo, Enrique Deibe, que confirmó que, salvo orden judicial, no estaba permitido agregar beneficiarios que no hubieran sido remitidos por las provincias o los municipios. También citó un peritaje realizado por la Dirección de Sistemas Informáticos del Ministerio de Trabajo que concluyó que existían 12.088 beneficiarios del partido de San Martín cuya inscripción al plan no había sido remitida por las correspondientes autoridades del municipio.

"Se careció de la transparencia necesaria en los actos de gobierno para evitar que la adjudicación de planes sociales se transformara en una herramienta de clientelismo político por parte de aquellos que pretenden obtener beneficios personales y réditos políticos, postergando las necesidades que padecen los sectores marginales", sostuvo el fiscal Sica al diario La Nación hace unos meses atrás.