En dos semanas el Gobierno enviará al Congreso su proyecto para reemplazar la Ley de Radiodifusión de la dictadura. La nueva norma incluirá una novedad que podría alterar definitivamente el mapa de los medios de la Argentina: permitirán que las empresas telefónicas brinden el servicio de televisión por cable, un histórico reclamo de la española Telefónica. Se trata de un duro golpe contra el Grupo Clarín, que concentra el mayor número de abonados del país entre sus empresas Multicanal, Cablevisión, Teledigital y Supercanal, esta última en sociedad con el grupo Vila-Manzano.

La embestida no terminará ahí: la Presidenta declarará que el cable es un servicio público y así podrá discutir las tarifas que cobran las empresas y someterlas al control de los entes reguladores.

“Esa orden llegó desde arriba. No todos estamos de acuerdo, pero nadie discute lo que pide la Presidenta”, reveló un integrante de la mesa de redacción de la nueva ley. La estrategia del Ejecutivo apunta a dos frentes para restringir el imperio de los monopolios mediáticos: por un lado, abrir la competencia con otros actores poderosos, como Telecom y Telefónica –de excelentes contactos con el kirchnerismo–, y al mismo tiempo reducir al mínimo el número de licencias que cada grupo puede tener.

Hasta ahora, sólo las empresas de cable están habilitadas para ofrecer Triple Play (cable, internet y telefonía en soporte digital). En la ciudad de Buenos Aires, ese servicio múltiple lo provee Telecentro, la empresa de Alberto Pierri, el ex presidente de la Cámara de Diputados. La ley vigente impide que las empresas de servicios públicos sean titulares de licencias de radio o televisión.

Donde no hay acuerdo dentro del Gobierno es en el alcance de la embestida contra Clarín. Tomando como sustento el Pacto de San José de Costa Rica, y con la declarada intención de favorecer la “multiplicidad de voces”, el Ejecutivo quiere restringir a un 30 ó un 40 por ciento la porción máxima de mercado que puede concentrar un grupo empresario. Clarín posee cerca del 80 por ciento de los abonados al cable de la ciudad. Por lo tanto, podría ser obligado a desprenderse de la mitad del imperio que construyó al amparo del actual Gobierno.

Un sector, empujado por el responsable de la programación del Sistema Nacional de Medios Públicos, Luis Lázzaro, quiere avanzar al máximo con la desconcentración del servicio de cable. Pero en la mesa del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, “donde hoy confluyen el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y el secretario de Medios, Enrique Albistur” estudian, en cambio, que el cómputo de los abonados sea sobre el total del país y no sobre cada distrito. Así, el golpe contra Clarín sería menor.

Esos dos grupos mantienen otros desacuerdos sobre la ley: los partidarios de la propuesta de Lázzaro apuestan a reducir a cuatro la cantidad máxima de permisos que un licenciatario puede tener, mientras que los soldados de Fernández quieren que sean entre 10 y 12. Actualmente el límite es de 24, pero no se cumple: por caso, las empresas del Grupo Clarín suman más de 250 licencias.

El Gobierno utilizará las próximas dos semanas para limar esas diferencias y terminar de redactar el proyecto que, según prometen, será un “texto comentado”, al estilo del Código Civil. Otros puntos del plan sí cuentan con consenso, como el que indica que “se dividirá en tres el espectro radioeléctrico de acceso gratuito: un tercio quedará en manos del Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, otro tercio estará destinado a canales comerciales y la tercera porción estará destinada a entidades sin fines de lucro, como las cooperativas, clubes o sindicatos”. También está firme la idea de crear “la ‘Defensoría del Público’ que se ocupará de canalizar las inquietudes de los usuarios de radio y TV”.

EL CONGRESO DEBATE EL PROYECTO

El proyecto sobre la nueva Ley de Radiodifusión aún no ingresó al Congreso, pero el Parlamento ya comienza a debatirlo. La Coalición por una Radiodifusión Democrática realizará hoy en la Cámara de Diputados un “foro por una comunicación al servicio del pueblo” en el que participarán el titular del Comfer, Gabriel Mariotto; el ex presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Osvaldo Nemirovsci, y las diputadas Cecilia Merchán y Silvana Giudici. La semana próxima será el turno del Senado.

La Coalición Cívica, la UCR y el socialismo realizarán el jueves 5 un seminario sobre medios de comunicación y libertad de expresión, para debatir una agenda legislativa que incluya la radiodifusión, la regulación de la publicidad oficial y el acceso a la información pública.

UN PREANUNCIO DE LA JUGADA

El fin de semana pasado, el Gobierno envió una señal sobre su plan para habilitar el ingreso de las telefónicas en el mercado de la TV por cable. El mensaje lo transmitió la propia agencia oficial de noticias Télam.

La discusión impulsada por el Gobierno, en favor de una nueva Ley de Radiodifusión que tenga en cuenta las nuevas tecnologías, alertó a las cableras sobre la posibilidad de que la norma habilite el ingreso de las telefónicas en su negocio, consignó Télam, y citó la opinión de una “especialista internacional en telecomunicaciones” que había participado de un seminario.

María Gabriela Macra aseguró que en la Argentina “es cuestión de tiempo” que las telefónicas estén legalmente habilitadas para dar servicios de radiodifusión, informó el sábado la agencia oficial. Fue el único medio que reprodujo la opinión de Macra.