Gabriela Alegre, ex subsecretaria de Derechos Humanos de Aníbal Ibarra y luego responsable de la Unidad Ejecutora de Sitios para la Memoria de la gestión de Jorge Telerman, renunció a su cargo. Fue después de que se encontraran tres cajas con pertenencias de víctimas de Cromagnon en oficinas del gobierno porteño, que ella había recibido y no había podido entregar a la Justicia. La dimisión fue en medio de acusaciones del sector de Ibarra de que había sido toda una operatoria de un sector fiel a Telerman.

La olla se destapó cuando Gabriela Cerruti, titular del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales porteño que abarca la subsecretaría a la que pertenecía Alegre; denunció el hallazgo de tres cajas, con pertenencias del público del recital de Callejeros, al juzgado de María Angélica Crotto y solicitó que se reintegrara el contenido a sus dueños. En las cajas había remeras, mochilas, relojes y otros accesorios, ropa interior, documentos y cédulas de identidad, que pertenecían al menos a 11 personas fallecidas y sobrevivientes de la tragedia. "Hicimos lo que creímos correcto: acudir a la Justicia", dijo Cerruti.

Fuentes del ibarrismo no creen que las actuales autoridades tengan ignorancia de que esas cajas existían, y plantaron la sospecha sobre Telerman. Lo acusan de haber usado este hecho para sembrar el terreno de la salida de Alegre, perjudicar aún más la imagen de Ibarra y volver a enfrentar al ex jefe de gobierno porteño con los familiares. Sobre este planteo hay un dato a tener en cuenta: la denuncia de Cerruti ocurrió el mismo día en el que la Justicia sobreseyó a Ibarra en el expediente principal, y en medio de la guerra pública entre el ex mandatario y el actual.

Alegre pegó primero en el texto de su renuncia: "Hace cuatro meses, cuando asumieron las nuevas autoridades, tomaron conocimiento de que se encontraban estos objetos en sus oficinas (...). Se pusieron finalidades políticas por delante del dolor de los familiares de las víctimas. Me voy desilusionada de un gobierno que ahora, al menos en los temas que me involucran, se maneja con mentiras e inoperancia". Su sucesora, María José Guembe, respondió: "Es mentira. Presentó un informe de gestión por escrito en el que no figura este tema. Tampoco me dijo nada verbalmente".

Los familiares representados por José Iglesias tomaron distancia. "No sabemos si la aparición de las cajas es una interna u otra situación de aquéllas a las que estos miserables nos tienen acostumbrados. El hecho, simple, sencillo y doloroso, es que las remeras, relojes, zapatillas y otros objetos de fallecidos, identificados con nombre y apellido, no estuvieron durante 19 meses en manos de quienes los lloran sino en el área de derechos humanos del gobierno" porteño, dijo el abogado. Y exigió al Presidente: "Hágase cargo de lo que nos dijo. No abone este concierto de impunidad".

Por su parte, el abogado Fernando Soto -en su condición de patrocinante de Luis Fernández, padre de uno de los fallecidos en el incendio- denunció a Alegre por estafa procesal, retención de documentación e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Pero Alegre tiene quienes la defienden: Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otros, expresaron su respaldo a la ex funcionaria porteña y dieron duras críticas a la ministra Cerruti. "La actual gestión viene obstaculizando el desarrollo de las políticas de memoria a través de diversas medidas que hemos cuestionado en numerosas oportunidades", aseguraron las organizaciones, entre las que también estuvieron HIJOS de Capital Federal, Familiares de Desaparecidos y Detenidos y Buena Memoria.

En uno de los párrafos más duros de la declaración señalaron: "a pesar de las reiteradas promesas y declaraciones de compromiso de Jorge Telerman con esas políticas, los hechos demuestran que no son coincidentes con nuestros objetivos y nuestra visión de los mismos".