La justicia federal avanza en su investigación contra el Polo Obrero por los posibles hechos de extorsión y amenazas que algunos de sus dirigentes podrían haber realizado contra los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para quedarse con el 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

Unos $273.600.000 anuales si la quita se realiza a las 60.000 personas que trabajan en la Unidades de Gestión que dependen del Polo Obrero.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas.

La denuncia por esos dos presuntos delitos que realizó el fiscal federal Guillermo Marijuan será investigada por Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de pruebas.

En su escrito, Marijuan ya había sugerido requerimientos que Delgado puede tomar como propios:

•  “Que se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral”
• Información sobre “si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos”
• Información a los “gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno”

En el escrito, el fiscal federal denuncio al legislador porteño Gabriel Solano y a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero (PO), por los presuntos delitos de amenaza y extorsión porque “obligaban a las personas que reciben el subsidio ‘Potenciar Trabajo’ a hacer un aporte mensual” del 2% de los haberes que reciben por parte del ministerio de Desarrollo Social.

La Mesa Directiva del Polo Obrero, a través de Belliboni, confirmó el hecho. Según su versión, se trata de “un aporte voluntario votado en las asambleas” y que en esas mismas reuniones “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.