En relación a los dichos de la ministra Graciela Ocaña, la Coalición Cívica de San Martín reafirma la posición tomada por nuestra líder Elisa Carrió en relación al conflicto del campo, por ser ésta en defensa de los trabajadores del agro que nada tienen que ver con la arcaica categoría de “oligarquía y terrateniente” que la presidente utilizó para explicar la raíz del conflicto escondiendo detrás de una puja ideológica la matriz de acumulación y manejo fraudulento de fondos público que motoriza la suba de las retenciones a éste sector.

El ARI continúa defendiendo los mismos estandartes que son su razón de ser: Republica, Distribución del ingreso, y Ética; virtud que la ministra Ocaña ha demostrado no poseer al convalidar, a través de su participación en el gobierno, el modelo propuesto por Néstor Kirchner por el cual la diferencia de clases no ha sido combatida eficientemente, en contraposición a lo que plantea el discurso oficial, y nos aleja cada vez mas de la ansiada justicia social que tan nombrada es por nuestra presidente.

Es claro el echo, como plantea la ministra, que no defendemos los mismos intereses. La Dra. Carrió presentó en conjunto con los diputados nacionales del ARI y la diputada Patricia Walsh, un proyecto de ley por el cual se derogan los indultos establecidos por los decretos 1002/89, 2741/90 y 2746/90, por ser inconstitucionales e insanablemente nulos. Si la señora Ocaña opina que una persona que presenta este proyecto es de “derecha”, sería interesante saber lo que opina de los legisladores del Frente para la Victoria al que pertenece que no otorgó el quórum necesario para aprobarlo.

Señora Ocaña: gracias a Dios no representamos los mismos intereses. Gracias a Dios no le mentimos a los argentinos con actitudes demagogas que no solucionan las problemáticas que sus banderas tanto enardecen.

LABOR LEGISLATIVA DIP. CARRIÓ

Fragmentos del trabajo A UN AÑO DE ASUMIR SU BANCA ELISA CARRIO RINDE CUENTAS DE SU GESTION publicado por el partido ARI el 10 de diciembre de 2006.

Se propuso un primer paquete de reformas al Código Civil por el cual se derogan los artículos 940, 1226, 1302, 1985, 1737 y 3847; se modifica el artículo 938 y se sustituye el 2953. Estos artículos en su actual redacción contienen aún preceptos discriminatorios respecto de la capacidad civil de las mujeres y el rol estereotipado del cual el derecho ha sido uno de sus instrumentos de perpetuación a través del tiempo.

La reforma propuesta tiene como finalidad ajustar nuestra legislación a los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de los cuales nuestro país es parte.

En el ámbito de la defensa de los derechos humanos impulsa una Ley para la Prohibición de amnistía, indulto o conmutación de pena de delitos de lesa humanidad, así como también un plan de Atención médica integral de los veteranos de guerra, ex combatientes de Malvinas y del Atlántico Sur, la Derogación de los Indultos establecidos por los decretos 1002/89, 2741/90 y 2746/90, por ser inconstitucionales e insanablemente nulos y un plan de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales. También hizo un Régimen de prevención y sanción del acoso sexual.

En materia de derechos de los pueblos originarios, Carrió impulsa modificaciones a la ley 23302 de política indígena y régimen de propiedad comunitaria indígena; la reglamentación del derecho a consulta de las comunidades indígenas; la modificación del articulo 33 Código civil, incorporando a las comunidades indígenas como personas jurídicas de carácter público. Asimismo, pidió informes al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos indígenas y otras cuestiones conexas.

Elisa Carrió, presentó el 16 de noviembre un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que responda sobre el crimen de Liliana Ledesma, la vinculación entre narcotráfico y política y la violación de derechos humanos en Salta, así como también el corte en la transmisión de Canal 7 en esa provincia. Hizo este pedido después de escuchar el relato pormenorizado que hizo la periodista salteña Marta César en la Comisión de Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados y que llevan a pedirle al Gobierno que responda “una serie de preguntas relacionadas al crimen de Liliana Ledesma, a las amenazas contra jueces y trabajadores de prensa, la tala indiscriminada, narcotráfico y violaciones de derechos humanos”, según sostiene la diputada en los fundamentos.